El artículo 3 de la Constitución española es muy claro: la única lengua oficial en el estado es el castellano y «todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla»; y continúa: «las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos». Sin embargo, el Gobierno, presionado por los grupos independentistas, está queriendo equipar el castellano con el gallego, el catalán y el vasco sin que pertenezcan al mismo rango bajo el mantra de que son lenguas cooficiales. A este respecto, el Diccionario de la Real Academia Española también es cristalino. En la definición de cooficial encontramos la siguiente: «Dicho de una lengua: que es de uso oficial en un lugar junto con otra». Por tanto, el catalán, gallego y euskera solo son cooficiales en sus respectivas comunidades autónomas, no en el conjunto de España.

En la carta que sesenta exparlamentarios de diferentes colores políticos, incluidos algunos veteranos socialistas, enviaron este viernes a la presidenta del Congreso Francina Armengol también se explica dicha cuestión. «La pluralidad de lenguas habladas en nuestro territorio es, claro está, una riqueza cultural, que todos los españoles apreciamos y nos importa preservar. Pero nuestra mayor riqueza es que poseemos una lengua común, en la que nos entendemos todos los españoles sin excepción. A esta realidad lingüística responde certeramente el modelo establecido por nuestra Constitución. Por ello, la lengua común es la única lengua oficial del Estado «y por tanto, el uso del gallego, catalán y euskera en la Cámara baja «no tiene soporte constitucional» pues es «el órgano que representa la soberanía nacional», alegan los exdiputados y exsenadores.

El actual Gobierno se excusa con su pretensión poniendo ejemplos como la realidad del Senado, en donde sí se permite el uso de dichas lenguas cooficiales en los plenos. Esta práctica se concedió en 2010 porque la Cámara alta se descibre en la Constitución como «Cámara territorial». Pero el Congreso no lo es, representa al Estado. Otro ejemplo que se ha esgrimido es el del caso del parlamento de Suiza en donde se permite el uso de todas las lenguas del país y que tampoco serviría de ejemplo. La presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago, explica que la realidad suiza es distinta a la española ya que los suizos no tienen una lengua común y «no tienen más remedio que hacerlo así». Por tanto, son dos realidades que no se pueden equiparar.

Bable y aragonés

Calificada por Lago como «auténtica locura» es la pretensión de permitir, además de las lenguas cooficiales, que los diputados en el Congreso puedan expresarse en bable o aragonés, que no son ni oficiales, y después sean ellos mismos los que se traduzcan al castellano. A este respecto, fuentes parlamentarias indican a El Debate que esta idea carece totalmente de sentido, puesto que sin intérpretes «quién asegura a los diputados que lo que se ha autotraducido al castellano es justo lo que ha dicho en bable o aragonés y no lo ha modificado por el camino para cambiar su discurso».

(Gentileza de El Debate-Amparo Castelló)