Comunicarse en catalán, vasco o gallego en el Congreso es una posibilidad cada vez más cercana. Las fuerzas nacionalistas llevan años reclamándolo y esta semana lo ha vuelto a reivindicar Yolanda Díaz, líder de Sumar. El Gobierno no rechaza la medida, pero admite las dificultades que entrañaría ponerla en práctica.

El Senado aprobó su uso a partir de 2011 y, aunque ha pasado más de una década, no existe aún una plantilla de intérpretes y traductores. Cuando los necesitan, la Cámara Alta tira de una bolsa de profesionales externos.

Díaz anunció el pasado miércoles que su formación va a pedir una reforma del Reglamento del Congreso para que en ambas Cámaras, y no solo en el Senado, se pueda hablar en las lenguas cooficiales. «Es un modelo que tiene encaje constitucional. Lo vamos a someter a debate», aseguró en una entrevista en TVE.

«Esto es un avance hacia un país que es plural y diverso y que gana derechos para las distintas identidades que tenemos. Es clave que todas las formaciones políticas estén a la altura de las necesidades del país», insistió la ministra de Trabajo en funciones. No obstante, la propuesta divide a los expertos.

El sistema del Senado

José Manuel Sabio, miembro de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias (AIIC), considera que sería fácil implementarla: «Basta con dotarla de presupuesto. En el Senado ya existe un reglamento y podría tomarse como base». En su opinión, el proyecto podría funcionar con profesionales autónomos y, si hay mucho volumen de trabajo, crear un Cuerpo propio que «no tiene por qué ser funcionario». De hecho, en las instituciones europeas opera un sistema mixto.

«Como está la economía no tiene sentido. En el Senado se aprobó porque es una Cámara territorial, pero en el Congreso sería un dispendio», afirma Lola Guindal, intérprete y profesora en la Universidad Pontificia Comillas. En su opinión, ampliar su uso a la Cámara Baja carece de lógica porque en España «todos los ciudadanos entienden perfectamente el castellano». Una situación que contrasta con Suiza, donde los representantes públicos hablan francés, alemán e italiano.

Los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez en la pasada legislatura, junto a Junts per Catalunya y la CUP, se unieron el año pasado para reclamar un cambio en el Reglamento del Congreso. El objetivo era que se pudiera hablar en catalán, vasco o gallego. Idearon una fórmula a través de traducción simultánea para aquellos diputados que no entiendan esos idiomas. Tras semanas de titubeos, el PSOE votó en contra de la propuesta.

Desde hace años, la Cámara Baja permite pronunciar citas en lenguas cooficiales en el Pleno, aunque es preciso facilitar su traducción a los servicios de taquigrafía. Los socialistas han limitado hasta ahora el uso de las lenguas cooficiales al Senado, por ser la Cámara de representación territorial. Su uso está permitido en los plenos que debatan mociones, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en las primeras palabras del presidente y en los escritos que los ciudadanos dirigen a la institución.

Triplicar el presupuesto

Los senadores tienen también la posibilidad de presentar iniciativas legislativas en las lenguas cooficiales, siempre que vayan acompañadas de su traducción al castellano. En septiembre del año pasado el PSOE apoyó una propuesta de Junts para modificar el artículo 84.5 y la disposición adicional quinta del reglamento para universalizar su uso en todos los debates y trámites, pero aún no se ha desarrollado.

Su coste alcanzaría el millón de euros, lo que supone triplicar el presupuesto actual para traducciones, dotado con 355.000 euros. La mayor parte de esa cuantía, 280.000 euros, se reserva para traducciones y transcripciones, mientras a la Comisión General de las Comunidades Autónomas se dedican otros 75.000 euros. La cifra puede variar según las ocasiones en las que se reúna, señala una portavoz del Senado.

La Cámara Alta aprobó el uso de las lenguas cooficiales a partir de 2011 pero, aunque ha pasado más de una década, no existe una plantilla de intérpretes. Cuando los necesita, echa mano de una bolsa de profesionales externos seleccionados en 2005, cuando se decidió implementar la medida en la Comisión General de las Comunidades Autónomas.

El Senado eligió a 25 traductores, pero algunos de ellos ya no están disponibles, por lo que la cantidad de profesionales se limita. Su remuneración varía según el trabajo que desarrollan. «Son tarifas establecidas, lo mismo que hace la Comisión Europea. Se pagan unos 550 euros por jornada completa. Es la cifra habitual. Hay que añadir las dietas, que giran en torno a los 180 euros al día, y el kilometraje», explica Guindal.

Cuerpo de traductores

Algunos de sus colegas demandan la creación de una plantilla de traductores en el Senado, algo que por el momento no se contempla. La Administración pública sí cuenta con un Cuerpo de Traductores adscrito al Ministerio de Exteriores, aunque no todos sus miembros trabajan en ese organismo. La Oficina de Interpretación de Lenguas de Exteriores emplea a 22 intérpretes. El resto de profesionales se reparten por otros ministerios y organismos públicos.

Guindal pone el foco en el crecimiento de plazas que requiere el Estado. «Mientras que hasta 2018 se convocaban entre dos y seis al año, en los últimos dos años se han convocado en total un centenar». No obstante, esas plazas se reservan para profesionales que dominan el inglés y el francés fundamentalmente, nunca para las lenguas cooficiales.

Por comparar, el Parlamento Europeo cuenta con 300 intérpretes con sueldos que oscilan entre los 4.000 y los 6.000 euros al mes. Además, recurre a otros 1.50o profesionales freelance que llegan a embolsarse hasta 500 euros por media jornada de trabajo.

(Gentileza de The Objetive-Gran Serrato)