España se ha convertido en el país con más laudos internacionales impagados del mundo a inversores extranjeros en renovables en nuestro país que se vieron afectados por el recorte a la rentabilidad anunciada llevada a cabo por el Ejecutivo en 2013.

Así lo ha adelantado Nikos Lavranos, experto jurista internacional, co-autor de la publicación European Investment Law and Arbitration Review que elabora la clasificación de países con más laudos impagados. Hasta ahora, España ocupaba el segundo lugar, tras Venezuela, y por delante de Rusia. Sin embargo, la acumulación de arbitrajes perdidos e impagados por el Estado español hace que, en estos momentos, nuestro país sume 51 laudos en contra con unas indemnizaciones en total de 1.200 millones de euros.

A esa cifra hay que sumar otros 119 millones de euros como intereses del principal y 129 millones por las costas legales de los centros de arbitraje, como el Ciadi, del Banco Mundial.

Lavranos ha dicho en una conferencia internacional sobre inversión y seguridad jurídica en la energía renovable que «tarde o temprano España tendrá que pagar. Cuanto más tarde, será más caro para los contribuyentes».

Por su parte, Nick Cherryman, experto mundial en arbitrajes, ha afirmado que el hecho de que España no quiera pagar “es un gran error desde el punto de vista financiero”. Y ha subrayado que en los arbitrajes a los que se ha sometido España han participado más de 100 jueces reconocidos internacionalmente y aceptados por todas las partes en litigio. “El Estado español debe pagar y respetar la ley”, ha añadido.

También ha participado en esta conferencia Lena Sandberg, especialista europea en ayudas de Estado, ya que uno de los argumentos utilizados por el Ministerio para la Transición Ecológica es que si pagan las mencionadas indemnizaciones supondrían ayudas de Estado consideradas ilegales por la Unión Europea. Sandberg ha pronosticado que en unos dos años deberían resolverse estos casos. También ha dicho que “puede ser este un momento óptimo” para que se resuelvan por la convocatoria de las elecciones generales, lo que podría hacer pagar tanto a un nuevo gobierno como si repitiera el mismo.

(Gentileza de ABC-Javier González Navarro)