Este mismo miércoles, tras su publicación en el BOE, entra en vigor la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Sin embargo, la Comunidad de Madrid parece no resignarse ante una norma que, a su juicio, perjudica gravemente a las universidades madrileñas y españolas al “llenar de ideología los campus” y traer asociadas importantes pérdidas económicas.

Es precisamente la cuestión de la financiación la que, tal y como ha explicado el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, deja la puerta abierta al estudio sobre un futuro recurso de inconstitucionalidad por parte de las regiones en las que gobierna el Partido Popular.

“No nos parece que sea favorable para el sistema universitario madrileño. Es una ley que rompe con el sistema único español y crea estudiantes a diferentes velocidades. Perdemos cohesión al provocar que haya 50 sistema universitarios en el país, tantos como universidades públicas. Además, coarta en algunos extremos la autonomía”, ha declarado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado esta mañana en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol.

Otro de los puntos del texto que más ha criticado Ossorio es el cambio del rol de los profesores asociados, una figura “que no se ha sabido interpretar” y que se verá, desde la implementación de la nueva ley, “desprestigiada”. Así, la LOSU va a “expulsar a personas, con valía, experiencia y que podían aportar su conocimiento a los estudiantes”.

A su entender, la estabilización de los profesores asociados y la reducción en sus horas de docencia, de las 180 a las 120 horas, va a provocar también que se necesiten hasta 3.000 profesores más, pasando de 6.177 a 9.200. De acuerdo con la estimación del Ejecutivo regional, el coste de tales modificaciones superaría los 85 millones de euros.

En relación con la sociedad, la nueva ley “compromete la eficacia de las universidades (…) al no avanzar en materia de gobernanza ni de internacionalización. La normativa también reconoce a los estudiantes el derecho al paro académico e impide a los colegios mayores adscritos a universidades públicas segregar por sexo. A este respecto, Ossorio ha recordado que la normativa ha dado lugar a “protestas” de autonomías, rectores y catedráticos.

“Es una pena porque, aunque hay que mejorar en aspectos como la investigación y la flexibilización, esta es una oportunidad perdida como tantas otras”, ha concluido el vicepresidente.