El Gobierno madrileño critica que el anteproyecto se haya elaborado sin contar con las comunidades autónomas y que cargue a las regiones con el coste de las nuevas medidas sin ofrecer financiación alguna

El pasado 20 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la Ley de Familias impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Ione Belarra, una de las últimas normas polémicas del Gobierno. Una polémica norma contra la que la semana pasada la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) presentó una batería de alegaciones, entre las que se encontraba la petición de que se mantuviera el término de familia numerosa, que desde que se dio a conocer que se suprimiría lo calificaron de «ataque directo» a este título.

Desde la Comunidad de Madrid, la Consejería de Familia, Juventud y Política Social advierte, por un lado, de que esta ley invade las competencias de las comunidades autónomas, en ámbitos como las medidas de apoyo a la conciliación o la educación, la protección en materia de salud o empleo y el derecho a la atención temprana o a la vivienda, y señala que incluso en algunas medidas concretas, como la atención a familias y menores en situación de violencia de género, el texto «puede entrar en franca confrontación con la regulación autonómica vigente».

También, de que discrimina a las familias numerosas, al sustituir este concepto por el de ‘familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza’ como figura en el anteproyecto. La consejera madrileña, Concepción Dancausa, lamenta que «se niegue el valor específico de estas familias» cuyo título desparece después de figurar «más de 80 años en el ordenamiento jurídico español». La Comunidad de Madrid cuestiona que se decida «igualar» los apoyos que reciben las familias numerosas y las monoparentales», al presentar ambos modelos necesidades distintas, y pide un «tratamiento diferenciado» para las primeras, «sin negar beneficios a otros modelos familiares».

Así lo ha recogido el Ejecutivo regional en un informe remitido, a petición del Ministerio de Belarra, al Gobierno central sobre el anteproyecto de la norma que las comunidades han conocido después de que se aprobara. Dancausa critica, en este sentido, el procedimiento para elaborar la nueva ley, dado que «se ha impuesto de manera unilateral sin contar con las aportaciones de las comunidades autónomas».

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso alerta también de la posible «inoperatividad» de la ley de Ione Belarra, dado que, según explican desde el Ejecutivo, el desarrollo de todas las medidas que incluye «queda supeditado a las disponibilidades presupuestarias de las comunidades autónomas, y no se prevé ningún mecanismo de compensación económica para que las regiones puedan hacer frente al coste de los nuevos servicios». Es decir, se carga a las comunidades con el coste de las nuevas medidas incluidas en la ley sin que se les otorgue financiación de ningún tipo.