Una vez prospere la reforma del Código Penal, ya iniciada por Pedro Sánchez para anular el delito de sedición, los hechos sucedidos en Cataluña en 2017 no tendrán respuesta del Estado de derecho si se repiten.

Y se repetirán, tal y como demuestran la historia y los anuncios de los protagonistas, que nada más conocer la enésima concesión del Gobierno se aprestaron a anunciar su próxima exigencia: un referéndum privativo de los catalanes para decidir unilateralmente sobre su independencia.

Si grave fue la concesión de indultos de los condenados, sustentados en un cambalache político y no en arrepentimiento y propósito de enmienda alguna: el indulto del delito que cometieron es una invitación a perpetrarlo de nuevo, impulsados por la impunidad.

Eso es lo que dijo el líder del PP, en un inusual y oportuno discurso a la Nación que reflejó la gravedad del momento: «O se está con los condenados y con los fugados o se está con la legalidad». Feijóo se comprometió además a revertir la humillante reforma de un presidente que denigra la Constitución, incumple sus responsabilidades básicas y denigra la fortaleza de España para lograr el exiguo botín de su permanencia temporal en un cargo que deshonra.

Porque desarmar el Código Penal no solo rehabilita a delincuentes ya indultados para el ejercicio de cargos públicos que utilizarán para aumentar su desafío; sino que consolida pulsos feroces al Estado cuando este Gobierno decline y el siguiente intente restituir el orden constitucional.

Sánchez no ha apaciguado nada; se ha comprado una miserable tregua que el separatismo le concede por mero interés, convencido de que lograr la legitimación de sus objetivos y la impunidad de los medios es crucial para, cuando se vaya Sánchez, plantear una nueva batalla a un Estado de derecho más inerme que nunca. Y ha amnistiado de facto a todos los delincuentes del pasado o del futuro, ahorrándoles incluso la petición de un indulto por la práctica abolición de los delitos que cometan.

Resulta especialmente vergonzoso que el PSOE, abducido por Sánchez, considere un avance el peor retroceso imaginable: intercambiar impunidad por una calma artificial que, en realidad, es pura estrategia del nacionalismo, que ha logrado convertir el golpismo en una especie de derecho a la carta por las necesidades de un dirigente insolvente e irresponsable.

No es verdad que la sedición no exista en el resto de Europa: atentar contra la unidad nacional se combate con tipos penales durísimos, emparejados incluso con la prohibición de participar en las Elecciones desde postulados contrarios a la cohesión territorial política. Y tampoco es cierto que, con estas concesiones, haya mejorado la convivencia: el separatismo, en Cataluña o el País Vasco, estaba derrotado por la democracia, que no debe pagar precio alguno nunca para mantener su hegemonía; y Sánchez lo ha resucitado con regalos tan inaceptables como la liberación de terroristas, la asociación con Bildu o la impunidad de ERC o Junts.

Si a esos regalos, que tienen más que ver con el abono de un chantaje que con una simple visión política equivocada, se le añade el reiterado intento de asalto del Gobierno al Poder Judicial, la conclusión resulta evidente: Sánchez está dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder. Ahora y cuando vuelva a haber Elecciones Generales.

La magnitud de la agresión inducida por la Moncloa obliga a todos a decantarse: o se está con la democracia o se está contra ella. Ninguna lealtad a las siglas puede estar por encima de la debida al país que ahora está más amenazado incluso que en 2017.

Entonces se produjo una asonada agresiva, sin duda, pero los cimientos de la Constitución fueron infranqueables. Hoy no lo son, y ningún dirigente socialista puede asistir a ese proceso sin dejar muy claro dónde se posiciona.

Lambán, Page o Vara, entre otros barones y tras unas primeras manifestaciones bastante tímidas, se enfrentan a un momento histórico que decidirá cómo pasan a la posteridad: si como cómplices de un presidente indigno de España o como leales al país y a la Constitución que también ellos representan. O con la democracia o contra ella; no hay ya puntos intermedios que valgan.

(Gentileza de El Debate-Editorial)