El Gobierno regional ha presentado ya el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto que regula las medidas de ahorro energético, entre ellas el apagado de los escaparates de los comercios a partir de las 22 horas. Entre sus motivos, el texto del recurso señala que se ha producido una «abusiva e indebida utilización» de la figura del Real Decreto, contraviene competencias autonómicas e invade otras, y se «extralimita».

En el texto presentado ante el Tribunal Constitucional, la Abogacía de la Comunidad de Madrid defiende que respecto a la limitación de las temperaturas y la obligación de colocar carteles informativos, estos artículos suponen una «extralimitación de las bases estatales», ya que éstas deben permitir que «las comunidades puedan asumir competencias de desarrollo».

La Comunidad de Madrid, recuerda el escrito, tiene «la competencia exclusiva en materia de ordenación y planificación de la actividad económica regional». La limitación de temperaturas «no respeta la definición de bases estatales, por cuanto que agota la materia, sin dejar margen de actuación a las comunidades autónomas ni permitirles introducir modulaciones o matizaciones a su contenido».

Además, añaden otro argumento, respecto a la implantación del sistema de cierre de puertas: a su juicio, «contraviene la competencia autonómica en materia de sanidad e higiene» y «entraría en colisión directa con la competencia de la Comunidad de Madrid» en estas cuestiones.

Otra razón esgrimida en el recurso se refiere al apagado de los escaparates, que le parece al Gobierno de Madrid una «invasión de las competencias autonómicas en materia de comercio interior, promoción turística y vigilancia y protección de edificios».

La obligación de apagado de escaparates «se extiende indiscriminadamente a todo tipo de escaparates. Esto supone un perjuicio evidente para aquellos establecimientos que, en ejercicio de la libertad de horarios establecida en el marco de su competencia por la Comunidad de Madrid, hayan decidido mantener su actividad más allá de las 22.00 horas (merma de clientela, actividad e ingresos económicos)«, arguyen.

En el caso del apagado obligatorio de edificios públicos, podría comprometer , consideran, la competencia exclusiva del artículo 26.1.27 del Estatuto de Autonomía, consistente en la «Vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones».

Por último, respecto al adelanto puntual de las inspecciones de eficiencia energética, vuelve a considerar el recurso regional que es una «extralimitación de las bases estatales» porque «la obligación de realizar inspecciones periódicas de las instalaciones térmicas sí tiene carácter básico, pero la periodicidad no participa de dicha naturaleza, de modo que las comunidades autónomas con competencias en la materia –como sucede con la Comunidad de Madrid- pueden dictar sus propias disposiciones» en este asunto. El adelanto de las inspecciones de eficiencia energética, concluyen «invade la competencia autonómica sobre la materia».