Una denuncia por maltrato animal será suficiente para denegar la custodia compartida de los hijos a uno de los progenitores. Así es desde que este pasado martes se reformara el texto de la Ley Concursal a través del Boletín Oficial del Estado. La disposición final primera modifica de manera velada el Código Civil -apartado 7, artículo 92- para incluir que no «procederá la guarda conjunta» en caso de «existencia de malos tratos a animales, o la amenaza de causarlos, como medio para controlar o victimizar a cualquiera de estas personas».

Esta reforma abunda en la aprobada por el Gobierno el año pasado, con polémica, cuando reformó en el mismo sentido el artículo 94 del Código Civil para que una denuncia por malos tratos, con la consiguiente apertura de un procedimiento penal, supusiera la privación del régimen de visitas al progenitor que no tenga la guardia en un proceso de separación o divorcio. Pero ahora el Ejecutivo da un paso más: se podrá perder también la custodia aunque la violencia sea ejercida contra un animal.

Nótese que un principio parecido rige en la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, también conocida como ley del solo sí es sí, a partir de la cual la condición de víctima de violencia sexual podrá acreditarse mediante un mero informe de los servicios sociales. Y las personas que adquieran esta condición podrán ser objeto de indemnización solo porque estén considerando interponer una denuncia por agresión sexual. También aquellas cuya denuncia haya derivado en una sentencia absolutoria.

El hecho de que la norma prevea ayudas económicas para las mujeres que denuncian sin necesidad de que medie una condena judicial, tal y como advirtieron distintos expertos a THE OBJECTIVE, podría suponer que se genere un «vivero de fraudes». Es decir, que se disparen las «denuncias instrumentales». Esto podría suceder también con la reforma introducida este martes en el Código Civil por el Gobierno de España. Según la abogada Guadalupe Sánchez, esto supone un «claro incentivo» en este sentido, por cuanto «ahora si denuncias no sólo consigues la custodia exclusiva, o que el padre deje de ver al crío, sino que también puedes obtener la residencia y puedes recibir ayudas económicas. Es todo un disparate tan enorme que cuesta creer».

En el fondo de todo este ramillete de normas, advierte la gerente del bufete Novalex Spain, subyace la voluntad de «incentivar las denuncias, que se disparen los porcentajes, aunque luego no prosperen muchas de ellas, pero sí logras crear una alarma social que justifica ciertas partidas y la existencia de un Ministerio de Igualdad». En este sentido, cabe recordar que las denuncias por violación se han disparado en el primer semestre de 2022 -un 27% respecto al año pasado-, cuando más dinero se ha gastado en políticas feministas.

Gobierno contra el maltrato animal

Tampoco puede olvidarse que uno de los empeños del Ejecutivo que lideran PSOE y Unidas Podemos es el de ganarse al movimiento animalista. De ahí el proyecto de Ley de bienestar animal que impulsa el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, liderado por Ione Belarra, que considera como «seres sensibles» a los animales -también los de granja-, por cuanto son capaces de «sentir placer y dolor».

Esta contempla la posibilidad de que el animal pueda recibir la eutanasia, que podrá ser aplicada cuando se padezca «una enfermedad o dolencia incurable o dolorosa». También se limita la venta de animales a establecimientos autorizados, que no podrán exhibir ejemplares vivos en los escaparates y recurrirán a catálogos o medios similares que no requieran la presencia física de los mismos. Además, se sancionará con entre 500 y 10.000 euros a los dueños si sus mascotas procrean, ya que se prohíbe «la cría de cualquier especie de animal de compañía por criadores no inscritos en el Registro de Criadores de Animales de Compañía».

Una pulsión animalista que también está detrás de la última iniciativa del Ejecutivo, que pasará a castigar al progenitor denunciado por maltrato animal con la pérdida de la custodia de los hijos. Una iniciativa que, por cierto, ha llegado del mismo modo que llegó el real decreto con el que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, impondrá a los mataderos que pongan cámaras de videovigilancia: de manera velada y sirviéndose del Boletín Oficial del Estado.

El abogado Guillermo Rocafort zanja denunciando que «la técnica legislativa en España es pésima en comparación con el resto de países desarrollados. Aquí se ha generalizado que se introduzca en leyes específicas asuntos que nada tienen que ver. Se abusa de los procedimientos legislativos. Llevamos así 20 años, lo hacen unos y otros. En este caso, lo han colado de matute, para abusar, y probablemente por presiones de grupos animalistas, que son uno de los sustentos de este Gobierno».

(Gentileza de The Objetive-Marcos Ondarra)