El fiscal pide ocho años de cárcel para el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni; once para su sobrino, Taishet Fuentes, ex director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, y trece para Marco Antonio Navarro Tacoronte, intermediario que da nombre al caso Mediador.

A los tres les atribuye los delitos continuados de cohecho y prevaricación y el de pertenencia a grupo criminal; a Fuentes le añade el de estafa, y a Navarro Tacoronte, también los de tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil.

En total, el Ministerio Público formula acusación contra 16 de las 23 personas procesadas en la pieza principal del caso Mediador, que versa sobre una presunta trama de corrupción en la que varios cargos públicos, empresarios y el citado intermediario habrían cobrado o reclamado sobornos y comisiones a cambio de favores administrativos y políticos.

El recién nombrado fiscal superior de Canarias, Jaime Serrano-Jover, solicita en su escrito de calificación penas de menor entidad para el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas (dos años de cárcel), así como para cargos administrativos intermedios y para los empresarios que supuestamente colaboraron en la trama.

Artífices del «plan criminal»

Señala a Fuentes Curbelo, Berni, a Fuentes y al mediador como los artífices de «un plan criminal» con una «distribución de funciones claramente definida». Este plan consistía en proponer a empresarios fundamentalmente del sector agrícola, ganadero y de las energías renovables, a cambio del pago de regalos, dádivas y comisiones, «importantes negocios» en el sector privado, así como la celebración de contratos, percepción de subvenciones y otros ilícitos beneficios en el ámbito público.

Así pues, el papel de Navarro Tacoronte era el de captar a empresarios y personas dispuestas a acceder a las «ilícitas peticiones de los encausados».

El escrito señala que Fuentes Curbelo y su sobrino, «apartándose de los principios que inspiran el correcto ejercicio de la función pública, se servían de sus cargos públicos de enorme relevancia para identificar a posibles empresarios a captar, haciendo uso indebido, por tanto, de la información que tenían a su alcance».

También se señala en el escrito de acusación que la trama recurrió al general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas para que intermediara en la consecución de contratos públicos y privados en favor de empresarios que estuvieran dispuestos a hacerle regalos, pagar comisiones o pagos en metálico a través del mediador.

Subraya el fiscal que si habitualmente era Navarro Tacoronte quien se encargaba de realizar los contactos para captar los empresarios, la intervención del resto de los encausados era indispensable para el éxito de los proyectos delictivos, pues aportaban su imagen y la relevancia de los cargos públicos que ostentaban.

«Visita guiada» al Congreso

Y añade que «era habitual» que los empresarios captados por la trama fueran recibidos en el Congreso por Tito Berni, a los que organizaba una «visita guiada» que generaba en aquellos «una imagen de rigor y una expectativa de seriedad necesaria para que se embarcaran en las propuestas que los encausados les transmitían».

Esa «puesta en escena» no se limitaba al Congreso, sino que era frecuente que los empresarios accedieran «con absoluta naturalidad» a las instituciones públicas y fueran recibidos por las autoridades al frente de las mismas, como ocurrió en distintas ocasiones con el ex director general de Ganadería, Taishet Fuentes.

En esta trama de cargos públicos y personas con conexiones con las administraciones públicas figura como nexo de todos ellos Marco Antonio Navarro Tacoronte, el intermediario tinerfeño de cuyos teléfonos móviles se extrajeron las pruebas que conforman buena parte de la prueba y que, además de presuntos delitos, describen fiestas en burdeles utilizadas para cerrar acuerdos y negocios.

Al estallar el escándalo del caso Mediador, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, diputado del PSOE en el Congreso, renunció a su cargo.

El caso Mediador ha sido desgajado en varias piezas, una de las cuales ya derivó en un juicio y en una sentencia: penas inferiores a un año por un delito de cohecho continuado para el mediador, el exgeneral de la Guardia Civil y un empresario del sector eólico.