El pasado 3 de marzo de 2026, el Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón aprobó inicialmente la modificación presupuestaria nº 28/2026 (expediente UGP/2026/3). Con ella se ratificaba un crédito extraordinario y un suplemento de crédito por valor de 31,5 millones de euros. La cifra no es menor, pero lo más llamativo es la evolución del propio presupuesto municipal en apenas tres meses.

Lo hemos contado muchas veces…

El 2 de diciembre de 2025 se aprobaron unas cuentas de 150 millones de euros para 2026. Pocos días después, el 23 de diciembre, ese presupuesto ascendía de forma difícil de explicar hasta los 178 millones. Y ahora, en marzo, el montante total se eleva hasta los 207 millones de euros.

Es decir, en apenas un trimestre las cuentas municipales han aumentado en 57 millones.

La aprobación de este incremento se produjo previamente en las Comisiones Informativas correspondientes. La última, celebrada el viernes anterior al Pleno del día 3 de marzo. El 27 de febrero.

Y ahí surge la pregunta que cualquier vecino se hace:
¿Qué ocurrió exactamente en esa comisión del 27 de febrero?

La respuesta es sencilla: no lo sabemos. Y, probablemente, nunca lo sabremos.

Las Comisiones Informativas en Pozuelo de Alarcón no se graban en video ni se retransmiten en “streaming”, que diría Maca. Lo que allí se debate queda encerrado entre cuatro paredes. Ni siquiera se publica el acta de la reunión. El ciudadano “paganini” únicamente conoce el resultado final cuando el asunto llega al Pleno, pero no el proceso político previo en el que realmente se debaten los expedientes.

No pasa ya en ningún sitio. Pero aquí, sí, pese a las tremendas cantidades de dinero de los vecinos que se mueven en ellas.

Aquí ese debate siempre permanece oculto.

Traigo esta cuestión a colación tras ver lo ocurrido recientemente en una Comisión Informativa en el Ayuntamiento de Aranjuez. Allí, un incidente político terminó con una denuncia después de que un concejal del PSOE lanzara un vaso de café contra el portavoz de Vox durante una discusión especialmente tensa.

Un concejal del PSOE de Aranjuez agrede a otro de Vox tirándole una taza de café al grito de “fascista”.
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— Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) March 9, 2026

El episodio fue lamentable, sin duda, pero puso de relieve algo importante: En Aranjuez lo que ocurre en las comisiones los puedes conocer sus vecinos. Los que pagan la falla

Es decir, existe un cierto nivel de rendición de cuentas.

Nadie pide que las comisiones se graben para ver cómo se pelean los concejales. El interés público no está en el bochornoso espectáculo (que también porque ya les vale) sino en el contenido del debate.

En política municipal, el Pleno suele acaparar los focos, pero cualquier conocedor de la administración local sabe que las decisiones reales se cocinan en las Comisiones Informativas. Es allí donde se analizan los expedientes, se plantean objeciones técnicas y se fijan las posiciones políticas que después se formalizan en el Pleno. Y Pozuelo no es una excepción.

Aquí ese espacio clave de deliberación se mantiene completamente opaco.

Es cierto que la ley no obliga a grabar estas sesiones. Pero en 2026 la transparencia no debería limitarse a cumplir el mínimo legal. Para un municipio que presume de modernidad institucional y que maneja presupuestos superiores a los 207 millones de euros, la grabación y archivo de las Comisiones Informativas para que las pudieran ver los vecinos (dueños del dinero) debería ser algo natural.

Incluso, recomendable. Es más, si hay que cambiar el ROP, que se cambie. Los cambios en el ROGA y en el ROP están siendo habituales en esta legislatura.

Además, el propio funcionamiento del Pleno refuerza esta necesidad. Con frecuencia los concejales se reprochan durante las sesiones plenarias debates o compromisos que, supuestamente, se produjeron previamente en comisión.

El ciudadano, sin embargo, solo escucha referencias indirectas a conversaciones que nunca ha podido ver ni comprobar.

La consecuencia es un déficit evidente de transparencia.

Si realmente se quiere ganar tiempo en los Plenos porque los debates técnicos y políticos ya se han producido en comisión, la solución es sencilla: grabar y archivar todas esas sesiones. De ese modo, insisto, los vecinos podrían conocer cómo se discuten las decisiones que afectan a su ciudad y cómo trabajan los representantes a los que pagan el sueldo.

Porque al final la cuestión es simple: Los contribuyentes tienen derecho a saber qué ocurre allí donde se decide el destino de su dinero.

Y la democracia local gana calidad cuando se abren las puertas de las instituciones, no cuando se cierran.

¿O es que hay miedo a que los contribuyentes vean la pobreza de los debates, la imposición de rodillos democráticos pero vergonzosos y cómo son llevados a cabo por políticos indigentes?
Cobran una pasta gansa.

El Capitán Possuelo