En las últimas semanas, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha sometido a información pública el llamado Proyecto de Viabilidad para la construcción de un Palacio de Congresos y un hotel anexo en la zona de la Avenida de Europa.

A primera vista, se presenta como una gran oportunidad para el desarrollo económico del municipio. Sin embargo, un análisis detallado del documento revela importantes carencias que obligan, como mínimo, a una profunda reflexión y, en nuestra opinión, a frenar el proyecto en su forma actual.

La Asociación POZCAVIR ha presentado alegaciones extensas y fundamentadas que ponen de manifiesto un problema de fondo: el estudio no es un verdadero análisis de viabilidad, sino un documento diseñado para justificar una decisión que ya estaba tomada de antemano. El propio Ayuntamiento encargó el informe a una consultora privada y, lejos de evaluar distintas opciones, se limita a avalar un único modelo sin contrastarlo con alternativas razonables.

No se estudia la posibilidad de no construir el complejo, ni otras localizaciones, ni un proyecto de menor tamaño, ni siquiera la opción de prescindir del hotel. Tampoco se aportan informes independientes ni se analizan escenarios desfavorables. Este enfoque resulta especialmente preocupante cuando hablamos de dinero público y suelo municipal.

Uno de los puntos más graves es la falta de justificación del interés público. El proyecto se apoya en afirmaciones genéricas sobre dinamización económica y supuesta demanda futura, pero no presenta datos sólidos, actuales y verificables. No existe un estudio coste-beneficio para los vecinos, ni un análisis de si otros palacios de congresos cercanos están infrautilizados, ni una comparación con alternativas menos costosas y menos impactantes. En definitiva, no se demuestra que Pozuelo necesite realmente esta infraestructura.

Desde el punto de vista económico, el panorama es aún más inquietante. Aunque se afirma que el riesgo recaerá en el concesionario privado, la realidad es que el Ayuntamiento aportará 20 millones de euros de fondos públicos y cederá gratuitamente suelo municipal durante al menos 40 años. A cambio, la rentabilidad estimada para el municipio es de apenas un 2,5% anual, mientras que los accionistas privados obtendrían retornos muy superiores. Esto plantea una pregunta incómoda pero inevitable: ¿es razonable asumir riesgos públicos para garantizar beneficios privados?

Además, el estudio incurre en errores de cálculo, hipótesis poco realistas y omisiones relevantes. No analiza adecuadamente la liquidez del proyecto, lo que incluso podría comprometer su viabilidad en determinados años, ni incluye un análisis de sensibilidad que permita saber qué ocurriría si los ingresos bajan o los costes suben, algo habitual en proyectos de esta envergadura. Sin la aportación municipal, el propio estudio demuestra que el proyecto no sería atractivo para ningún inversor.

A todo ello se suman deficiencias graves en los estudios de movilidad y medio ambiente. No se analizan los picos de tráfico en eventos de hasta 2.000 personas, ni el impacto real en los barrios colindantes, ni el aumento de ruido, contaminación o presión sobre una zona natural muy valorada por los vecinos. La evaluación ambiental es superficial y no cumple los estándares exigibles a un proyecto de esta magnitud.

También existe una seria duda urbanística: el hotel se pretende construir en suelo dotacional público, reservado en principio a usos de interés general. Sin embargo, el hotel es una actividad lucrativa, con explotación independiente, lo que exigiría una modificación previa del planeamiento que no se ha tramitado.

Por último, el proceso de información pública ha sido claramente insuficiente. El documento es complejo, extenso y técnico, sin resúmenes comprensibles ni un verdadero esfuerzo por facilitar la participación ciudadana. Esto vacía de contenido un trámite que debería servir para informar y escuchar a los vecinos, no para cumplir un mero requisito formal.

En conclusión, no estamos ante un proyecto maduro, transparente ni sólidamente justificado. Antes de comprometer millones de euros públicos, suelo municipal y la calidad de vida de muchos vecinos, Pozuelo merece un debate serio, estudios independientes y decisiones basadas en el interés general, no en promesas grandilocuentes. Replantear este proyecto no es ir contra el progreso; es, precisamente, ejercer una gestión responsable.

Juan Pozuelo, de POZCAVIR