Abril de 2023. Desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en la capital. Escenario preelectoral elegido por la presidenta -y entonces candidata a la reelección- Isabel Díaz Ayuso para anunciar una de sus medidas estrella con vistas a los comicios del 28 de mayo: la rebaja de otro medio punto -pues en 2021, con ella al mando, se había deducido ya un 0,5 por ciento- en todos los tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, popularmente conocido por las siglas IRPF. La iniciativa, estimaba entonces, supondría un ahorro para los bolsillos de los madrileños próximo a los 334 millones de euros.

Octubre de 2025. Presentación del proyecto de Ley de Presupuestos regionales para 2026 desde la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol. Han transcurrido ya dos años y medio desde que la líder del Ejecutivo madrileño anunciase públicamente su intención de poner en marcha la rebaja. Algo menos -no demasiado- desde que reafirmase su cargo en elecciones y, con mayoría absoluta, constituyese su nuevo equipo de Gobierno. Sin embargo, ni rastro de ella en el boceto aprobado para la consecución de las cuentas del viniente ejercicio. Por ende, al menos hasta la fecha, el ansiado descuento en el IRPF continúa siendo una promesa pendiente en su haber.

Cuestionada por el margen fiscal disponible a tal fin, dado que, conocidas las cuentas de 2026, tan solo restaría el Presupuesto correspondiente a 2027 para poner en marcha la deducción antes de tener que pasar de nuevo por las urnas, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, no dudaría un ápice en condicionar el cumplimiento de la promesa electoral de la discordia al establecimiento del “techo de gasto” y los “objetivos de déficit” por parte del Gobierno central. También al pago de la “deuda” de hasta 10.500 millones de euros que, asegura, la Administración encabezada por Pedro Sánchez mantiene con la Comunidad desde 2019.

“Son los terceros presupuestos. Tenemos cuatro años de legislatura. Hemos ido acometiendo las diferentes rebajas fiscales, hasta 34, y, en su momento, si es posible, si no ocurre nada macroeconómico… Estaría bien tener el techo de gasto y los objetivos de déficit para saber si podemos bajar impuestos. Y, si nos pagara el dinero que nos adeuda el Gobierno central, más de 10.000 millones, no tendríamos ningún inconveniente en lanzarnos ya -a aprobar la nueva rebaja en el IRPF- porque estamos convencidos de que recaudaríamos más”, ha explicado la máxima responsable del ramo en el transcurso de la rueda de prensa de presentación de los Presupuestos.

Más “beneficios” fiscales

Enmarcada en el “compromiso” del Ejecutivo autonómico por “fomentar crecimiento económico, empleo y una política fiscal incentivadora”, “el conjunto de medidas impulsadas en la Comunidad en materia fiscal ha permitido que los madrileños dispongan hoy de una de las tarifas de IRPF más baja de España”, justifica, en la misma línea del argumentario expuesto por la consejera, el dosier explicativo entregado a los periodistas durante la puesta de largo de las cuentas.

En concreto, el documento hace referencia a un total de 34 “rebajas fiscales” aprobadas desde que Díaz Ayuso es presidenta. Entre ellas, una bonificación del 99 por ciento en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de padres a hijos y cónyuges y del 50 por ciento para las transmisiones entre hermanos, tíos, sobrinos y ascendientes y descendientes por afinidad. También una bonificación que supone que los contribuyentes no tengan que pagar el Impuesto sobre el Patrimonio, a excepción de aquellos que están sujetos al Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.

“Siguiendo con esta política de alivio fiscal”, añade el texto, en el propio proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2026 se recogen dos nuevas rebajas destinadas a “apoyar a los jóvenes” y a los “negocios con solera”. Así, los jóvenes que estudian y trabajan podrán beneficiarse de una nueva deducción que les permitirá reducir hasta el 50 por ciento el coste de las matriculas universitarias de grado o de Formación Profesional (FP) Superior, con un límite máximo de 400 euros anuales. Además, los comercios y establecimientos hosteleros “con solera” disfrutrán de una bonificación de hasta el 95 por ciento en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.