En un nuevo capítulo de la interminable saga de dilaciones judiciales orquestadas por José Luis Ábalos, el Tribunal Supremo ha dado un portazo a la última treta del exministro de Transportes y exnúmero tres del PSOE.

El magistrado instructor Leopoldo Puente ha desestimado la renuncia intempestiva de Ábalos a su letrado, José Aníbal Álvarez, calificándola de “fraude de ley” y manteniendo inalterable su citación para declarar mañana, 15 de octubre, a las 10:00 horas en el Palacio de las Salesas.

Esta decisión, que llega en vísperas de una comparecencia clave para revisar posibles medidas cautelares como la prisión preventiva, pone de manifiesto una vez más la desesperación de Ábalos por esquivar la Justicia, en un caso que huele a corrupción desde lejos.

Recordemos el contexto:

Ábalos, investigado por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y malversación en el marco del “caso Koldo” —esa trama de mordidas en contratos de mascarillas durante la pandemia que salpicó al PSOE—, se enfrenta a un informe demoledor de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El documento revela confusiones patrimoniales entre el exministro y su exasesor Koldo García, con indicios de que Ábalos recibía pagos en efectivo del partido a través de testaferros. La declaración de mañana no es un trámite menor: servirá para valorar si Ábalos, aún aforado como diputado, debe ingresar en prisión o perder su acta.

Koldo, por su parte, declarará el 16 de octubre, completando un calendario que el Supremo no está dispuesto a alterar por caprichos procesales.

La maniobra de Ábalos no podía ser más burda. Esta misma mañana, el exdirigente socialista presentó un escrito al juez Puente alegando “diferencias irreconciliables” con su abogado, un “deterioro irreversible” de la confianza y un “ambiente mediático hostil” como excusas para renunciar y pedir un letrado de oficio. T

odo ello, horas antes de su interrogatorio, en un intento evidente de forzar un aplazamiento. Como si de un guión de comedia negra se tratara, Ábalos incluso lo anunció en sus redes sociales, confirmando su solicitud de asistencia jurídica gratuita.

Pero el Supremo no ha mordido el anzuelo. Puente, en un auto contundente, tacha la renuncia de “intempestiva” y “sin justificación razonable”, argumentando que introduce una “incidencia sorpresiva” que perturbaría el “desarrollo ordinario” del procedimiento. Invocando jurisprudencia consolidada, el juez subraya que el derecho a elegir letrado no puede instrumentalizarse con “finalidades espurias”, especialmente en una causa compleja con un investigado en prisión y refractaria a conductas dilatorias.

El abogado actual, cuya labor ha sido “objetivamente irreprochable”, seguirá al frente hasta que Ábalos designe un nuevo defensor en tres días hábiles —o se le asignará uno de oficio—.

Solo entonces se aceptará la renuncia, y el proceso continuará sin pausas.

Aquí radica la poca vergüenza de Ábalos, un hombre que ha convertido la obstrucción judicial en un arte.

No es la primera vez: ya en diciembre de 2024, el Supremo anuló su declaración voluntaria por similares artimañas, elevando el suplicatorio al Congreso y declarándolo imputado formal.

En enero de 2025, rechazó su recurso contra el suplicatorio, insistiendo en “indicios bastantes” más allá de meras sospechas.

Y en abril, la Sala de Apelaciones desmontó su argumento de una “investigación prospectiva”.

Cada revés judicial parece avivar su ingenio para el retraso, como si el tiempo pudiera borrar las sombras de las comisiones ilegales o los pisos francos en Ferraz.

“Vaya hombre, ni eso le sale bien“, ironizaba un usuario en X ante la noticia, capturando el ridículo de un ex alto cargo que, en lugar de asumir responsabilidades, recurre a estratagemas que rayan en lo teatral.

Otro tuit lo resume sin piedad:

“El Supremo rechaza la estratagema de Ábalos […] Todo indica que irá a hacer compañía a Santos Cerdán“.

Esta decisión del Supremo no solo cierra la puerta a más jueguecitos; reafirma que la Justicia española, pese a sus lentitudes, no tolera abusos.

Ábalos declara hoy, asistido por quien sea, pero sin excusas. Para un político que se jactaba de ser el “arquitecto” del sanchismo, esta humillación procesal es un recordatorio amargo: la impunidad tiene fecha de caducidad.

Mientras el PSOE guarda un silencio sepulcral —salvo algún balbuceo sobre “presunción de inocencia”—, la ciudadanía observa con hastío cómo un caso que debería ser ejemplo de regeneración se convierte en sinónimo de cinismo.

Hoy, en las Salesas, Ábalos no podrá esconderse tras papeles ni abogados fantasma.

La verdad, por fin, podría salir a la luz.
O salir “Caminito de Jerez”.

El Atalayero