El Gobierno regional ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo, que ha sido admitido, contra la Ley de Eficiencia de la Justicia. El Ejecutivo autonómico reclama que se evalúe el coste de poner en marcha la norma, que cifra en 44 millones sólo el primer año, y pide al Gobierno central que lo financie.

En un primer momento, el pasado 10 de abril Madrid le hizo un requerimiento al Gobierno de Pedro Sánchez por este motivo, pero al ser este desatendido, ha presentado el recurso.

El Consejo de Gobierno ha conocido este miércoles el informe de la Abogacía General que avala esta acción legal. La norma ha entrado en vigor sin contar, dicen en el Ejecutivo de Ayuso, ni con el Poder Judicial ni con las comunidades autónomas que tienen las competencias de Justicia transferidas.

En el recurso ahora admitido a trámite se solicita que se dote a las regiones de la financiación necesaria para poner a funcionar la normativa nueva. Y recuerdan que el «Estado está obligado, de acuerdo con las reglas que rigen el sistema de financiación autonómica, por el principio de lealtad institucional, a establecer mecanismos para evaluar el coste que supone la aplicación de medidas legislativas».