Tercera entrega y última (¿para qué más?) del informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid desenmascara aquella gestión desastrosa y vergonzosa de la alcaldesa en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón Susana Pérez Quislant y su colaborador necesario Eduardo Oria…

Recordemos que 2020 fue el primer año de la pandemia de COVID-19 pero eso no puede servir de coartada. Ni siquiera fue capaz de cumplir con las más básicas normas de responsabilidad y transparencia. Lo que se detalla en este informe no es un simple error burocrático, sino un escándalo de ineptitud, descontrol y desprecio por el dinero público que debería indignar a cualquier ciudadano.

El núcleo del problema es claro para la Cámara de Control es que la mayoría de los gastos aprobados mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito (REC) o convalidaciones se realizaron sin contratos vigentes, porque los responsables políticos y las áreas gestoras dejaron caducar todas las prórrogas legales y no tuvieron la mínima previsión de licitar nuevos contratos a tiempo.

Esto no es un descuido aislado, sino una negligencia sistemática que apunta directamente a concejales y cargos municipales incapaces de hacer su trabajo.

La auditoría, coartada por la falta de cooperación del Ayuntamiento —que no entregó ni siquiera una lista completa de REC o convalidaciones—, se vio reducida a analizar migajas de informes facilitados a regañadientes.

Lo que encontraron en la Comisión de Cuentas es alarmante: Gastos ejecutados sin contrato alguno, con la función interventora pisoteada y omitida, pese a las advertencias reiteradas del interventor en notas y fiscalizaciones que, vergonzosamente, no siempre derivaron en informes específicos.

La ley es clara: El artículo 28 del Reglamento de Control Interno obliga al interventor a señalar estas omisiones y emitir una opinión para que el presidente decida. Pero aquí, en este Ayuntamiento, la fiscalización de ingresos se ha convertido en un chiste, reemplazada por una simple anotación contable y un supuesto control posterior que, en realidad, brilla por su ausencia, violando flagrantemente el artículo 9 del RCI y la base 56 del presupuesto.

No hay control posterior ni para ingresos ni para obligaciones con fiscalización previa limitada, lo que demuestra que este gobierno local opera en una anarquía financiera donde las reglas no importan.

Peor aún, los informes desfavorables del interventor desaparecen como por arte de magia de los expedientes, sustituidos por un informe final favorable tras convalidaciones que maquillan el desastre, un truco burdo para esconder la podredumbre.

El colmo de la incompetencia llega con el incumplimiento del artículo 37 del Real Decreto 424/2017, que exige un informe resumen anual de control interno —funciones interventoras, control financiero, eficacia y eficiencia— para presentarlo al Pleno con la Cuenta General.

Este Ayuntamiento no lo ha elaborado.

No hay informes desfavorables sobre el presupuesto, ni auditorías públicas, ni un miserable plan de control financiero, y eso que tienen dos organismos autónomos a su cargo.

¿Dónde está la supervisión? ¿En qué gastan el tiempo y el dinero los responsables políticos?

La guinda del pastel es la documentación: Un caos absoluto, sin numeración única ni lógica en los expedientes, clasificados por áreas sin una codificación coherente. Esto no es un accidente, es un diseño deliberado para dificultar cualquier intento de seguimiento o rendición de cuentas, un laberinto administrativo que protege a los culpables de este despropósito.

En resumen, el informe pinta un cuadro devastador: Un Ayuntamiento gobernado por una panda de irresponsables que aprueban gastos sin contratos, ignoran la fiscalización, barren las críticas bajo la alfombra y manejan los fondos públicos como si fueran su cortijo privado.

Esto no es solo ineficiencia, es un ataque directo a la legalidad y al bolsillo de los contribuyentes.

La Cámara de Cuentas no deja lugar a dudas: Pozuelo de Alarcón estuvo en manos de una administración que no merece la confianza de sus ciudadanos y que debería rendir cuentas —políticas y, quién sabe, tal vez judiciales— por este desastre.

Es hora de que los vecinos exijan cabezas y una limpieza a fondo de esta cloaca financiera.

Lo que no entiendo es por qué el PP no pidió perdón. Todavía está a tiempo.

Juan Pozuelo