Tras recibir un correo electrónico el pasado viernes del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, en el que comunicaba que se ampliará la capacidad de los centros temporales de acogida de Carabanchel y Alcalá de Henares en 400 y 110 plazas más respectivamente, el consejero de Presidencia y Justicia madrileño y portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha trasladado su indignación y ha exigido al Gobierno central que explique sus planes para controlar la inmigración ilegal.

En un comunicado, el consejero denuncia el «caos migratorio» y la «falta de control y de medidas efectivas» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez «para paliar una situación que se prolonga ya demasiado en el tiempo», subraya. Apunta además su preocupación por la «saturación» de estos centros temporales de acogida que, según los cálculos estimados por el Gobierno autonómico, tienen ya más de 3.210 plazas. Cabe recordar que el pasado octubre el Gobierno de Díaz Ayuso conoció también por vía mail el plan del Ejecutivo central para ampliar en más de 200 plazas estos centros de inmigrantes.

Para García Martín es «paradójico y cínico» que la Delegación cuestionara que se pusiera en marcha el centro de La Cantueña, en Fuenlabrada, que cuenta con una capacidad de 99 plazas, «perfectamente ajustada a los requerimientos legales», según aseguran los populares, cuando desde el Gobierno central «siguen ampliando plazas en estos macro-campamentos sin ninguna previsión».

Así las cosas, como informan desde el Ejecutivo madrileño, han pedido a la Delegación del Gobierno el número de plazas que se han habilitado en los dos macro-campamentos y en Pozuelo de Alarcón, el número de personas que han pasado por ellos desde que se pusieron en marcha y las actuaciones que van a impulsar también con el Gobierno central para «poner freno a la grave crisis migratoria que está viviendo nuestro país a través de la llamada ruta canaria, y de forma particular, en nuestra comunidad autónoma a través del aeropuerto internacional Madrid-Barajas».

Insisten al Gobierno de Sánchez en que alcance acuerdos con los países de origen y con la UE para llevar a cabo «medidas reales» para controlarla y en que dote a las comunidades y a los ayuntamientos de recursos necesarios para atender a los inmigrantes que llegan. En el caso de los menores, se han atendido a lo largo de 2024 a más de 2.000.

Este mismo fin de semana, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha emplazado en una carta al PP y a los gobiernos de Canarias y de Ceuta a fijar una nueva fecha para abordar la negociación sobre la reforma de la ley de Extranjería, concretamente el artículo 35 de la norma, para permitir la acogida en todo el territorio nacional de los menores extranjeros no acompañados llegados a España.