Ocho menas del centro de primera acogida de la Casa de Campo de Madrid fueron detenidos el pasado 18 de septiembre tras una violenta revuelta en el recinto que gestiona la fundación Antonio Moreno para la Comunidad de Madrid, según EL MUNDO.

Los menores extranjeros no acompañados están acusados de lesiones a dos vigilantes de seguridad y de amenazas de muerte a la directora y la subdirectora del centro. Varios de los arrestados son adolescentes magrebíes que entraron a España en verano por Canarias y fueron trasladados a Madrid a finales de agosto.

El detonante de este episodio violento tiene que ver con varios de los robos cometidos por alguno de los menas más problemáticos. Los vigilantes de seguridad descubrieron en una de las habitaciones varios relojes, tablets, móviles y otros efectos que supuestamente habían sido sustraídos.

Este hallazgo fue denunciado por la dirección a la Policía Nacional que se puso a investigar si se trataba de objetos sisados. Finalmente, descubrieron que los enseres pertenecían a varias personas que tenían aparcadas sus autocaravanas en la Casa de Campo y que habían denunciado dichos robos.

La Policía Nacional detuvo a un menor del centro implicado en estas fechorías. Y, a partir del pasado 18 de septiembre, el resto de residentes empezaron a amenazar de muerte a la directora del centro y a la subdirectora. Acusaron a ambas de ser unas chivatas por contar sus fechorías y las hicieron gestos de que las iban a cortar el cuello a las dos. La situación empezó a ponerse muy mal y los vigilantes de seguridad del recinto intervinieron.

Los menores empezaron a provocar incidentes y a agredir a los miembros de seguridad que solicitaron ayuda a la Policía Nacional para contener la revuelta. Finalmente, los agentes lograron frenar los disturbios y detuvieron a ocho menas acusados de amenazas y lesiones.

La entidad gestora interpuso las denuncias correspondientes contra los menores por amenazas y agresiones al personal educativo y de seguridad. En las siguientes horas todos los detenidos fueron puestos nuevamente a disposición del centro al no haberse dictado medidas cautelares contra ninguno de ellos, según fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales.