Se cumplen 27 años del día en que un cobarde terrorista disparó por la espalda, al salir de su domicilio en Madrid, a un juez, a uno de los grandes artífices del Derecho Laboral en España, pero, sobre todo, al padre de tres hijos.

Don Rafael Martínez Emperador, en el momento de su asesinato, formaba parte de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Antes, en 1980, fue elegido por sus compañeros jueces y magistrados vocal del Consejo General del Poder Judicial.

¿Qué ha llevado siempre a todos los fanáticos a situar en el centro de sus obsesiones a jueces y magistrados? ¿Por qué entonces con las armas, y lamentablemente también ahora con la palabra, los miembros de la Judicatura son el objetivo de quienes quieren dinamitar el modelo de convivencia que nos hemos dado todos los españoles?

Porque eran conscientes entonces, y también lo son ahora, de que los jueces y magistrados son el último baluarte de salvaguardia para mantener en pie nuestro Estado de Derecho.

Pero que nadie se llame a engaño. Ningún terrorismo es disculpable. No hay un terrorismo malo y otro terrorismo admisible. Porque siempre lleva implícita la imposición, por medio de la violencia, del miedo y del temor para instaurar por la fuerza su programa ideológico totalitario o su fanatismo.

Y no hay mayor perversión para una Nación que la existencia de un grupo de privilegiados, más aún si son delincuentes, fuera del ámbito de aplicación de la ley.

Ante el terrorismo no hay que doblegarse nunca, porque de hacerlo, ya supondría su triunfo y, con él, la pérdida irremediable de nuestras libertades; y porque, de hacerlo, también habría sido en vano el sacrificio de todas las víctimas del terror.

Por ello, supone una obligación moral mantener vivo el recuerdo de todos aquellos que perdieron su vida en defensa de nuestra libertad.

España no puede ni debe dejar caer en el olvido el legado y el compromiso de un defensor de la Ley y de la Justicia como Rafael Martínez Emperador. Como tampoco el de todas y cada una de las víctimas del terrorismo.

Porque el cruel asesinato de cada una de ellas, ha sido un intento vano de echar abajo los cimientos de nuestro Estado de Derecho.

(Gentileza de La Razón-Miguel Ángel García Martín es portavoz y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid)