Nuevos nubarrones negros se ciernen sobre el horizonte de las relaciones entre el Gobierno central y el regional. Ahora, la causa del conflicto es la aplicación de la Ley de Dependencia, o más bien la aportación que reciben las autonomías por parte del Estado para cubrirla. La consejera de Familia, Ana Dávila, ha reclamado al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que el Gobierno central eleve la financiación para la atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid, y en el resto de España, al 50 por ciento, que es lo mismo que se ha pactado para el País Vasco.

Recuerda la consejera que en el acuerdo alcanzado en noviembre pasado entre el PSOE y el PNV, se establece que «se abonará por parte del Estado a la Comunidad Autónoma Vasca el 50 por ciento del coste del nivel básico establecido por la Ley de Dependencia y su desarrollo».

Esa cantidad, recuerdan en la Comunidad de Madrid, es «exactamente lo mismo que han pactado con el Bloque Nacionalista Gallego en su acuerdo para investir a Pedro Sánchez», y con ello han generado «nuevas desigualdades entre españoles, en este caso mayores y dependientes».

Dávila ha sostenido este martes un encuentro con el ministro Bustinduy, al que le ha planteado que «el año pasado, la financiación por parte del Gobierno central en dependencia apenas alcanzó el 31 por ciento del total de la inversión destinada a personas dependientes en nuestra región. El resto lo financió la Comunidad de Madrid, es decir, el 69 por ciento».

Insisten en la Consejería de Familia en que la Ley de Dependencia establece que «la aportación de la Comunidad Autónoma será, para cada año, al menos igual a la de la Administración General del Estado», cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid «aporta más del doble de lo que asignan los Presupuestos Generales del Estado en la región».

Traducido en cifras contantes y sonantes, esta reivindicación supone que Madrid habría recibido en 2023 otros 270 millones adicionales a lo recibido, en caso de haberse alcanzado el 50 por ciento reclamado. Con esto, señalan, «se podría dar cobertura y atención residencial, por ejemplo, a 10.000 personas mayores o casi 7.000 personas con discapacidad».

Otro de los asuntos que tienen enfrentadas a ambas administraciones es el relativo al programa de alimentos básicos para población vulnerable a través de la tarjeta monedero: la consejera ha pedido al ministro que aclare las dudas sobre el desarrollo de dicho programa, y le ha recordado que dicha iniciativa no la pudo poner en marcha el Ministerio el año pasado «por falta de previsión del anterior equipo ministerial».

El Ministerio de Derechos Sociales, le parece a la consejera, «va dos años tarde, incumpliendo sus propios compromisos, y ahora saca por emergencia un contrato para cubrir el periodo de abril a diciembre con una tarjeta provisional que va a dejar fuera al 70 por ciento de las personas vulnerables que ahora acuden a los bancos de alimentos».

En este sentido, desde el Ministerio se puntualizaba que se había puesto en marcha un nuevo sistema de tarjeta monedero con el que se prevé llegar, a partir del próximo mes de abril de 2024, a unas 70.000 familias. «Hoy damos un paso decisivo para dignificar la protección social y que las familias con hijos e hijas a cargo no tengan que ir a las colas del hambre».