El humillante sometimiento de Pedro Sánchez a las intolerables exigencias de un prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, ha alcanzado límites insospechados en las formas y en el fondo desde hace tiempo, de manera sostenida y pública.

Lo hizo con el impúdico pacto que permitió su investidura, un catálogo de despropósitos institucionales, ataques a la Constitución, impunidad para sus enemigos y legitimación de sus objetivos. Lo hizo, de nuevo, al aceptar la revisión de esas concesiones con reuniones en el extranjero, con la presencia de un mediador internacional.

Y lo ha vuelto a hacer en una jornada negra para la historia parlamentaria española, donde se hizo visible la dimensión de un chantaje político ilimitado y, lo que es peor, la aceptación por parte del presidente del Gobierno de esa actitud extorsionadora.

Todo ello conforma un inaceptable marco político que invierte los términos inherentes a una democracia y los somete a los caprichos de minorías insurgentes y las necesidades egoístas de un dirigente político capaz de sacrificarlo todo por mantenerse en el cargo.

Sánchez es presidente, pero no gobierna: se ha convertido en un mero instrumento de todos los partidos separatistas para alcanzar sus metas más fácilmente, por ilegales, injustas e inmorales que sean.

Solo así se entiende que, contra toda lógica, Sánchez se haya comprometido a desactivar las barreras jurídicas que tiene el Estado de Derecho para paralizar, enmendar o incluso prohibir la Ley de Amnistía. O a traspasar competencias genuinamente estatales como la gestión de la inmigración, íntimamente relacionada con la protección de las fronteras nacionales. O a financiar una Comunidad con arreglo al insolidario criterio de aceptar que las rentas de sus ciudadanos pertenecen a su Gobierno autonómico.

La catarata de exigencias atendidas demuestra algo evidente y peligroso: Puigdemont no tiene límites y exprimirá su ascendencia sobre Sánchez hasta el punto de lograr su gran objetivo, que no es otro que avanzar en la independencia hasta hacerla viable.

Sánchez no solo está troceando el principio de igualdad entre españoles, algo gravísimo ya en sí mismo. Además está avalando una deriva a la ruptura que, cuando él desaparezca de la escena pública, se sentirá reforzada y legitimada para incrementar su presión. Y se encontrará con un Estado más debilitado, un Código Penal devaluado y unas instituciones regionales reforzadas para sostener el desafío.

El relativismo de Sánchez, fruto de la triste combinación de codicia y desparpajo que le caracteriza, está generando unos daños estructurales en un país que está viendo, en directo, como su primer defensor actúa como aliado de sus mayores adversarios, en un caso único en el mundo que hace inviable la gobernación y reclama, sin duda, un adelanto electoral urgente.

(Gentileza de El Debate-Editorial)