En el pacto alcanzado por el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez se acuerda una ley de amnistía que «debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos».

Sin embargo, en el documento también se menciona una peculiaridad que podría aumentar a las personas beneficiadas por la amnistía: «Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política».

En la declaración que ha realizado Puigdemont tras la firma del acuerdo, el prófugo de la justicia ha anunciado que las comisiones parlamentarias de investigación sobre la Operación Cataluña y del ‘Catalangate’ –casos de supuestos espionajes a líderes independentistas– aportarán pruebas y testimonios que llevarán a la «erradicación de elementos podridos que hayan participado en la guerra contra el independentismo».

El Lawfare en el marco de la amnistía

Lawfare se construye mediante dos voces inglesas; law, que significa ley, y warfare, es decir, guerra. Así pues, el lawfare se puede traducir como la «guerra jurídica», o la «judicialización de la política», y desde el secesionismo lo definen como la persecución judicial de la Justicia española contra el independentismo. Este término lleva siendo utilizado por los dirigentes de Junts desde antes del 23-J para referirse a todas aquellas causas judiciales que a pesar de que no han tenido su raíz en el procés incluyen a políticos o personas vinculadas con el separatismo.

De hecho, en el mes de agosto, cuando se empezó a hablar de la amnistía, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, manifestó en una entrevista que la medida de gracia debía incluir a la presidenta de la formación que lidera Puigdemont, Laura Borràs –que fue condenada por corrupción– como al resto del lawfare, caso en el que también se incluye a Gonzalo Boye.

La presidenta de Junts, Laura Borràs, durante un juicio para declarar por presuntamente fraccionar contratos en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) en el TSJC, a 10 de febrero de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). Borràs encara a partir de hoy un juicio en el que está acusada de fraccionar 18 contratos para encargarlos a un amigo sin tener que licitarlos cuando ella dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. El beneficiario de estos contratos, Isaías H., también está acusado y su defensa negocia con la Fiscalía un acuerdo para rebajar su condena a cambio de una confesión que entonces señalaría a Borràs, que afronta una petición de seis años de cárcel, 21 de inhabilitación y multa de 144.00 euros por presuntos delitos continuados de prevaricación y falsedad documental.

El término ha sido ampliamente utilizado en los últimos lustros en Iberoamérica –en países como Venezuela– cuando muchos de los jueces que han tenido que encausar casos políticos han sido retirados o modificados por otros más favorables al poder establecido.

(Gentileza de El Debate-Ramiro Fdez-Chillón)