La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado este lunes que la deducción del 20% en el IRPF para inversores procedentes del extranjero que establezcan su residencia en la región estará en vigor a partir de 2024. El anuncio lo ha hecho en un desayuno informativo organizado por la Cámara de Comercio España-EEUU (Spain-Us Chamber of Commerce) y la oficina regional Invest in Madrid en Nueva York, al que han asistido inversores y empresarios.

Díaz Ayuso ya intentó aprobar esta bonificación en la recta final de la pasada legislatura, pero la negativa de Vox a apoyarla si no se implantaba a la vez un incentivo idéntico para los residentes dio al traste con sus planes. La líder del Ejecutivo madrileño ya advirtió tras ganar las elecciones del 28 de mayo que recuperar esta deducción era una de las prioridades para el primer periodo de sesiones en la Asamblea, pero el Consejo de Gobierno de momento no ha conocido un nuevo proyecto de ley sobre el asunto, ya que el anterior decayó.

A tenor de lo anunciado por la presidenta este lunes, todo parece indicar que el gabinete aprobará este proyecto de ley en las próximas semanas para llevarlo a la Asamblea antes de que acabe el año y que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2024. Esto dependerá de los tiempos de tramitación parlamentaria, porque la votación favorable en esta ocasión está más que asegurada gracias a la mayoría absoluta del PP.

“Queremos que se queden a vivir entre nosotros, que lleguen a Madrid nuevas familias que se establezcan aquí y vengan con sus hijos a seguir contribuyendo a esta España”, ha explicado Díaz Ayuso sobre la medida con la que pretende ganar más inversiones para Madrid y que estas sean estables en el tiempo.

Porque la deducción en el IRPF que ultima el Gobierno autonómico está destinada a cualquier persona que no haya residido en España en los cinco últimos años -entre los que se incluye a españoles que en algún momento fijaran su residencia en el exterior- y quiera invertir en activos financieros o inmobiliarios situados en la región para trasladarse a vivir a alguno de sus municipios, convirtiéndose en nuevo contribuyente.

“Se podrán desgravar el 20% del total de la inversión realizada en la cuota autonómica del impuesto, siempre que se mantenga durante los siguientes seis años”, han detallado fuentes gubernamentales, que también han recordado que no se establece tope máximo ni mínimo en la inversión, es decir, que se aplica la bonificación desde el primer euro invertido. El único límite anual, según se ha abundado, será la propia cuota de IRPF sobre la que se aplica la deducción del 20%. Es decir, si es suficiente para compensar toda la desgravación, se podrá hacer el primer año y si no lo es se irá repartiendo a lo largo de los cinco siguientes.

Abierta a la llegada de capital extranjero

De acuerdo con el Ejecutivo que preside Díaz Ayuso, esta rebaja fiscal busca un doble objetivo: por un lado, facilitar la llegada de capital foráneo y de nuevos contribuyentes a Madrid; por otro, favorecer la captación de capital a las empresas que ya están tienen establecida su sede social en la región.

En este desayuno informativo de Nueva York, precisamente, la presidenta madrileña ha presumido de la comunidad como un territorio abierto a la llegada de capital extranjero y, particularmente, procedente de Estados Unidos, un país que cada año invierte más de 20.000 millones de euros en la región y con el que hay transferencias comerciales por más 50.000 (41.000 millones en importaciones y algo más de 9.200 en exportaciones).

Además, Díaz Ayuso ha dedicado tiempo de su intervención en lanzar un mensaje de “tranquilidad” a los inversiones extranjeros, asegurándoles que hay seguridad jurídica para el capital “pese a los intentos de ciertas minorías por deteriorar la vida política española”, en referencia aunque sin mencionarlos, a los partidos independentistas.

“En España hay una cohesión social como se ve en pocos lugares del mundo, aunque ahora pretendan algunas minorías llevarnos por otro camino”, ha proclamado la presidenta madrileña, que además ha observado que España es un país “fuertemente descentralizado” en el que las comunidades autónomas actúan como “contrapeso” de las políticas del Gobierno central.