Que Madrid tiene un problema serio con las okupaciones, en todas sus vertientes, es una realidad, por más que Cataluña le saque tres cabezas en esta lacra. Por eso, la Comunidad puso en marcha, el pasado mes de junio, un teléfono especial para denunciar este tipo de delitos. Los datos que maneja ABC desvelan que entre el 23 de junio de 2022 y el 19 de marzo de 2023 el centro de Coordinación Municipal (Cecom) recibió 1.599 llamadas. Una cifra bastante alta si tenemos en cuenta que en la región hay alrededor de 4.500 viviendas usurpadas, la mitad de ellas, aproximadamente, de la AVS (el antiguo Ivima).

Por tipos de avisos, se distribuyen de la siguiente manera: propietario de la vivienda (269 llamadas); tercera persona/no propietario de la vivienda (277); inquiokupación (193); ocupación en curso (102); información antes de laocupación (132); llamadas fuera de la Comunidad de Madrid (68); abogados/asociaciones/comunidades (44); verificación número de teléfono (250); información trámites/otros (245); oficinas de atención a víctimas de delito (16); usurpación (3).

Cabe recordar que este servicio se centra sobre todo en las entradas ilegales sin ningún título habilitante; es decir, algunas okupaciones directas (las conocidas como ‘patada en la puerta’) e indirectas (entrar a una casa vacía o propiedad de un banco). Quedan fuera, por tanto, las inquiokupaciones (personas que arriendan una vivienda y dejan luego de pagar).

El número (900 20 51 12) está activo de 7.30 a 23.30 horas y se atiende desde el centro de emergencias de Pozuelo de Alarcón, donde tiene sede el 112 de la Comunidad.

Protocolo de actuación

Una vez terminada la llamada, será el tiempo el que determine la forma de proceder: si la usurpación se ha producido en las primeras 48 horas, los agentes telefónicos del Cecom, la herramienta de coordinación entre la Administración regional y los consistorios que integran el servicio, realizarán un primer análisis de la situación.

La idea es valorar si se dan las circunstancias necesarias para derivar el caso al 112, de tal forma que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales puedan actuar de inmediato.

Los agentes llevarán a cabo una calificación jurídica, a excepción de los expedientes más complejos, que podrán ser trasladados a uno de los dos inspectores de vivienda que también participan en este programa.

Si la intervención policial no es posible, los afectados pasarían a recibir ayuda a través de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD), al ser consideradas ahora las okupaciones como tales. Además, recibirán asistencia jurídica para conocer las posibilidades que tienen los legítimos dueños a la hora de defender su propiedad en los tribunales.

«La Comunidad da un paso al frente, diciendo no, alto y claro a los delitos relacionados con la ocupación ilegal de viviendas. Lo hacemos acorde a nuestro marco competencial y con pleno respeto a la legalidad vigente», remarcaba el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, al poner en marcha el servicio.