Los Ministerios se multiplicaron como los panes y los peces con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Este crecimiento exponencial de departamentos ministeriales para hacer hueco a sus socios de Unidas Podemos ha tenido como consecuencia el incremento del gasto en personal y en espacio. Un Ministerio ocupa notablemente más que una dirección general.

El Ministerio de Consumo, que en otros tiempos ocupaba una dirección general del Ministerio de Sanidad y sus oficinas se situaban en la sede de este en el Paseo del Prado, es el caso paradigmático.

Alberto Garzón necesitaba más espacio para llevar a cabo sus funciones y alquiló una serie de oficinas en la calle Alcalá número 27, en pleno centro de Madrid. Consumo ha ocultado a la luz pública cuánto paga por el alquiler de este espacio premium alegando que afectaría a los intereses comerciales de la empresa arrendadora, así como por “motivos de seguridad”.

Como adelantó Vozpópuli, el Ministerio de Consumo, además de mantener sus dependencias en el Paseo del Prado, optó por alquilar unas oficinas de lujo en pleno centro de Madrid, a 250 metros del Círculo de Bellas Artes y del Banco de España, y a 550 metros del kilómetro cero de la Puerta del Sol.

El equipo del ministro ocupa una planta del edificio de calle Alcalá 27 (1.000 metros cuadrados), por lo que el precio del alquiler podría ascender a los 252.000 euros al año teniendo en cuenta las rentas inmobiliarias de la zona.

Coste del alquiler

A través del Portal de Transparencia, se ha solicitado al Ministerio de Alberto Garzón una copia del contrato de alquiler para que se haga público cuánto paga por su renta. Consumo ha acudido a buena parte de los supuestos establecidos en la Ley de Transparencia para alargar el período de respuesta.

Primero solicitó un período de un mes para responder a la información. A continuación, pidió que se concretase los aspectos del contrato que se necesitaban conocer y, finalmente, se procedió a la apertura de un trámite de audiencia a la entidad CECABANK S.A, compañía financiera que alquila el espacio para las dependencias de Garzón.

Una vez llevados a cabo estos procedimientos burocráticos, Consumo compartió con el solicitante de la información el contrato de arrendamiento con el precio del alquiler oculto y sin especificar el espacio ocupado. Alegó “motivos de seguridad” para no ofrecer todos los datos al respecto: “En materia de seguridad, se consideran que priman intereses superiores al derecho al acceso a la información, tanto de la parte arrendadora como de la parte arrendataria, para evitar un perjuicio para la seguridad pública”.

El Ministerio aduce que el conocimiento público de los planos del edificio, contenidos en el anexo 1 del contrato con CECABANK, pone en riesgo a las dependencias del mismo. Conocer los metros cuadrados que ha alquilado Consumo podrían dar una idea aproximada de cuánto ha costado el alquiler, pero ni siquiera tal información fue ofrecida.

El precio del arrendamiento aparece directamente tachado con el argumento de que conocer tal cifra “puede ocasionar perjuicio para los intereses económicos y comerciales” de CECABANK, la empresa arrendadora.

Transparencia resuelve contra Garzón

Al Consejo de Transparencia no le han convencido los argumentos del Ministerio de Consumo, ya que considera que conocer lo que cuesta a las arcas públicas el alquiler de estas oficinas premium no va a perjudicar a los intereses comerciales de CECABANK, que es una entidad financiera, no inmobiliaria.

“La información de carácter público solicitada tiene una notoria relevancia ya que permite tener conocimiento sobre el gasto público en el que incurre un Departamento Ministerial por el arrendamiento del inmueble en el que tiene instalada su sede y, por consiguiente, afecta a un servicio público”, subraya Transparencia en su resolución.

En este caso particular, “nos encontramos ante un mercado de naturaleza singular, como es el inmobiliario, en el que el precio de un arrendamiento viene determinado por múltiples factores como son la naturaleza del inmueble o la ubicación, sin que el acceso a la información solicitada pueda influenciar en hipotéticas negociaciones”.

“A lo anterior tenemos que añadir que no se aprecia que el acceso a esta información suponga un detrimento para la parte arrendadora con respecto a sus competidores”, concluye este organismo, que ha obligado a Consumo a compartir en un plazo de 10 días la cantidad que abona en concepto de alquiler por estas oficinas.

La multiplicación de Ministerios

Al Departamento de Alberto Garzón se le quedó pequeño el edificio donde antes había un Ministerio y que con Sánchez terminó convirtiéndose en cuatro. En la época de Dolors Montserrat al frente de Sanidad -última ministra de esta cartera con el Gobierno de Mariano Rajoy-, dicho Ministerio albergaba las competencias que hoy corresponden al de Carolina Darias, Consumo (Alberto Garzón), Igualdad (Irene Montero) y Derechos Sociales y Agenda 2030 (Ione Belarra).

El primer departamento en desligarse de las competencias del edificio de Paseo del Prado 18 fue Igualdad, que pasó a formar parte de Presidencia durante el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez en 2018. Con el pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos se produjo la mitosis de Consumo, Derechos Sociales e Igualdad como entidades ministeriales.

Irene Montero ocupó la sede histórica de Igualdad, ubicada en calle Alcalá 37, donde ha dedicado más de 250.000 euros a reformas y mudanzas. Los otros tres departamentos tuvieron que compartir espacio en la sede de Sanidad. El exministro Salvador Illa cuenta en su libro sobre la gestión de la pandemia de covid-19 que tuvo que ceder el despacho de ministro de Sanidad a Pablo Iglesias, entonces vicepresidente de Derechos Sociales, e instalarse en el que solía albergar al subsecretario de Sanidad.

(Gentileza Vozpópuli-Borja Negrete)