Pedro Sánchez ocultó los gastos de su gira fallida por Estados Unidos, celebrada el pasado mes de julio sin agenda política e institucional alguna, relativos a su alojamiento en hoteles y a los de su comitiva, declarado todo ello «secreto de Estado» o directamente escondiéndolos del escrutinio público; pese a que por sistema la ley le ha reprendido por utilizar esa coraza de manera inadecuada.

Según la contestación oficial de Moncloa a El Debate, no se entrega esa información al «no ser posible» fraccionar los gastos globales de la «excursión» por Nueva York, Los Ángeles y San Francisco; que también se niega a cuantificar.

La estrategia del Gobierno, que puede quedar en evidencia en breve con una nueva resolución del Consejo de Transparencia rechazando la utilización del «secreto de Estado» para esconder información de servicio público, se valió de un ardid, tal y como figura en un informe firmado por el departamento jurídico de la propia Secretaría General de la Presidencia, con número de expediente 001-059388 al que ha accedido este periódico en su integridad:

«No es posible individualizar el importe que corresponda a gastos soportados en viajes del Presidente del Gobierno dentro del gasto total que se agrupa en cada subconcepto, sin que ello supusiera reelaborar nuevamente toda la información contable y, además, hacerlo paralelamente en dos soportes diferentes, el oficial que responde a los requisitos de información que demandan los órganos de control presupuestario, y uno propio que permitiera atender demandas de información particulares».

Lo curioso es que Sánchez tampoco explica el coste total del viaje ni el número de personas adscritas a la expedición oficial, lo que denota un intento de negar la información que el PSOE, sin embargo, exige a otros dirigentes.

Fue el caso de Isabel Díaz Ayuso, a quien los socialistas sí exigieron cuentas tras una visita institucional a los Estados Unidos en la que la presidenta madrileña, a diferencia de Pedro Sánchez, sí tuvo agenda institucional y pudo reunirse, entre otros, con cinco congresistas americanos.

En aquel caso, una persona de la máxima confianza del propio Sánchez, la diputada autonómica Hana Jalloul, exigió formalmente explicaciones a Ayuso y apeló a la transparencia para conocer la misma información que Moncloa esconde en el caso del presidente.

Jalloul, exsecretaria de Estado desplazada a Madrid junto a la ministra Reyes Maroto para intentar derrotar a Ayuso en las elecciones del 4 de mayo, llegó a tildar de «casposo» el viaje y preguntó al Gobierno autonómico, literalmente, por el coste de la expedición y los resultados concretos para la Comunidad.

Justo lo que Sánchez se niega a detallar, tal y como anticipó El Debate, reconociendo además que no existe justificación documental ni del propio viaje ni de sus consecuencias positivas para España:

«No se puede conceder el acceso a la información relativa a los acuerdos planteados o adoptados, en caso de haberse adoptado, toda vez que actúa el límite sobre la garantía de la confidencialidad y secreto requerido en procesos de toma de decisiones legalmente previsto, pues atendiendo al «test de daño» (…) sobre la aplicación de un gran perjuicio, concreto, definido y evaluable, toda vez que la publicidad de dicha información podría influir y comprometer las negociaciones que pudieran estar llevándose a cabo por el Gobierno de España, suponiendo a largo plazo un perjuicio económico».

El contraste es aún mayor al constatarse que, a diferencia de Sánchez, Ayuso dio a conocer los gastos, convertidos además en objeto de polémica en medios como El País o la Cadena Ser que no mencionan, sin embargo, los sistemáticos silencios de Moncloa sobre los contantes viajes y desplazamientos de Sánchez, bien al extranjero, bien en Falcon a mítines o conciertos, bien con su propia mujer, Begoña Gómez.

Ayuso, además de difundir un gasto de 17.000 euros por su estancia en Estados Unidos durante la última semana de septiembre, dio a conocer la relación exacta de sus acompañantes: su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez; su jefe de Prensa, José Luis Carreras, y la Directora General de Medios de Comunicación, Sandra Fernández.

Sánchez acumula fallos en contra del instituciones legales que, sin embargo, desatiende: desde el Constitucional hasta la Audiencia Nacional o el Consejo de Transparencia le han reprendido