La Comunidad de Madrid avisó 84 veces a la Fiscalía de Menores sobre las fugas y ausencias de los centros de protección de tres de las menores tuteladas que fueron enganchadas a las drogas y prostituidas por una red de proxenetas.

Según fuentes del Ejecutivo madrileño, ante sus continuas desapariciones, se dirigieron con comunicaciones y denuncias a la Fiscalía, a los juzgados y varias de ellas al Grupo de Menores de la Policía Nacional (Grume).

Además, sobre una de estas tres menores prostituidas tuteladas, el Gobierno regional interpuso en los últimos 15 meses tres denuncias: el 25 de septiembre de 2020, el 18 de febrero de 2021 y el 1 de septiembre del año pasado, esta última muy importante para la Policía, relacionada con abusos sexuales graves a una adolescentes tutelada.

También añaden las mismas fuentes que la Consejería de Política Social estuvo muy atenta a la situación de una de las menores pese a las trabas sufridas. Así, en octubre de 2021 instaron a la Fiscalía y al juez a ampliar la privación de salida del centro para una de las menores víctimas. Se trataba de una chica que se fugaba constantemente de las instalaciones para acudir a los poblados y casas de la mafia para consumir droga y ser obligada a prostituirse. Cuando volvía al centro, tenía mal estado físico y enfermedades venéreas.

La Fiscalía contestó a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social sobre esta petición de ampliación de restricciones que no era su competencia, mientras que del juez todavía siguen esperando respuesta. La operación policial culminó a finales de noviembre con la detención de 37 personas y la liberación de las diez chicas. Y fue difundida a los medios de comunicación a principios de este mes de enero tras levantarse el secreto de sumario.

Además, la Comunidad de Madrid no ha recibido todavía el visto bueno del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que lleva la investigación judicial de las 10 menores liberadas por una red de proxenetas, para personarse como acusación popular en la causa judicial.

Según han informado a Europa Press fuentes del Gobierno regional, el 9 de enero solicitaron oficialmente esta personación, pero el juez todavía no la aceptado. Por ende, se quejan de que siguen sin tener comunicación oficial directa sobre el contenido del sumario, en el que aparecen como víctimas de la trama varias menores tuteladas y que vivían en centros de la Comunidad de Madrid.

El departamento que dirige Concepción Dancausa ha revisado todos los expedientes de los centros de menores y ha comprobado que el año pasado presentaron más de 5.000 comunicaciones y denuncias de ausencias de tutelados a la Fiscalía de Menores, Juzgados y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “La Comunidad sí ha hecho su trabajo, ya que desde los centros sí se avisa a las entidades correspondientes de las ausencias de los menores y de cualquier situación anómala”, insisten las mismas fuentes.

A 31 de diciembre, la región contaba con 3.714 menores con medidas de protección asumidas por la Comunidad, 2.263 de los cuales, el 60% del total, están en distintas modalidades de acogimiento familiar. El resto, 1.451 menores viven en los 102 centros con los que cuenta la Comunidad de Madrid, que disponen de 1.880 plazas. Los Presupuestos autonómicos aprobados para 2022 fijan 115 millones de euros para su mantenimiento, un 20% más que el año pasado.