La presidenta del Congreso la socialista Meritxell Batet ha reculado sobre el condenado e inhabilitado Alberto Rodríguez (Podemos) tras el escrito del Tribunal Supremo instándole a ejecutar su inhabilitación.

En la reunión de la Mesa celebrada este jueves, ha dejado entrever que si es ella quien asumía la responsabilidad del caso (no la Mesa) iba a comunicar al Tribunal Supremo el cumplimiento de la ejecución de la inhabilitación, según fuentes parlamentarias consultadas por OKDIARIO.

De esta manera, Batet abre la puerta a la expulsión para no seguir los pasos de la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, condenada junto a los otros miembros de la Mesa por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional al permitir la tramitación de las leyes del proceso separatista del 1-O en Cataluña.

Entretanto, desde Presidencia del Congreso se ha señalado a la prensa a través de una nota que «la Mesa, por mayoría de 5 (PSOE -sin Batet- y Podemos) a 3 (PP y Vox), ha acordado solicitar al Tribunal Supremo una aclaración sobre los efectos de su sentencia en la condición de diputado Alberto Rodríguez», y ello, «sin perjuicio de la competencia de la presidenta del Congreso para dar respuesta al oficio del Tribunal Supremo recibido ayer sobre el inicio del cómputo de la pena».

Cabe recordar que el Alto Tribunal ya remitió una aclaración de sentencia al propio diputado, ratificando su inhabilitación. Y de este escrito, tuvo conocimiento la Mesa. Ahora, está pendiente que Meritxell Batet conteste formalmente al oficio del Tribunal Supremo.

La Mesa del Congreso se ha reunido este jueves de urgencia, durante más de dos horas, para abordar la situación del diputado de Podemos Alberto Rodríguez, condenado e inhabilitado por el Supremo.

El órgano de gobierno de la Cámara baja, convocado por su presidenta, tenía sobre la mesa los escritos de la oposición pidiendo tanto que se reconsiderara el indulto otorgado el pasado martes al condenado, que ha seguido en el escaño, como que informara al Supremo de los votos particulares emitidos por PP y Vox, donde reclamaban la ejecución de la inhabilitación, conforme a la sentencia del Alto Tribunal.

Este indulto al agresor de la Policía en una manifestación en 2014, basado en un polémico informe sin firma encargado ad hoc a los letrados del Congreso, le fue concedido a Rodríguez por el PSOE y su propio partido sin oír siquiera a la Junta Electoral Central (JEC), como reclamaron los representantes de la oposición.