El Ayuntamiento de Batres dejará de abonar los recibos de la luz a las compañías eléctricas que le proveen para «defender los derechos de los vecinos» ante el «descomunal abuso» de estas empresas y ante la «inacción» del Gobierno y del resto de las administración por la subida escalonada de la factura de este suministro básico.

Así lo ha indicado a Europa Press Víctor Manuel López, el alcalde de este municipio de 1.750 habitantes situado en el sur de la región, que sufrió un importante incendio el 15 de agosto, que arrasó 192 hectáreas, además de bienes materiales de importante valor tanto público como privados.

«Estamos en una situación que no es sostenible. Y mientras la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dice que es un problema de Europa, y la oposición del PP solo hecha más leña al fuego y crispa sin aportar soluciones. Por eso, si el Gobierno no hace nada tenemos que ser los ayuntamientos los que tomemos medidas», ha indicado.

El regidor batreño ha confesado que recogió la idea de un vecino quien, harto de la subida continuada del precio de la luz le dijo que iba a dejarla de pagar, aún a riesgo de que se la cortasen. «Y es que en el municipio tenemos muchos vecinos que no llegan a fin de mes y no pueden hacer frente a este pago, ya que las facturas se han duplicado. La situación ya no es sostenible», advierte.

López, del partido independiente Agrupación de Batres, ha señalado que cuando llegó a la Alcaldía afrontó todas las deudas que tenía con las compañías eléctricas, pero que ahora, una vez consultada la medida con sus servicios jurídicos, dejarán de pagar las facturas. «Somos una administración esencial y no nos pueden cortar la luz. No entiendo como estas empresas ganan tanto dinero tributando solo al 6% mientras corta la luz a familias necesitadas», ha criticado.

En un comunicado firmado por el propio primer edil de Batres esta mañana, reitera que la «situación actual de permanente abuso por parte de las compañías eléctricas está produciendo un perjuicio insólito en todas las economías domésticas, en los costos empresariales y en el gasto de todas las administraciones para el suministro energético de instalaciones y alumbrado público».

«La inacción del Gobierno central o su propia impotencia para solventar este enorme problema nacional está poniendo otra vez de manifiesto el poder que estas multinacionales tienen en el control de los gobiernos, donde muchos de sus integrantes han acabado o acaban como miembros de sus consejos de administración de manera recurrente», señala.

Por otro lado, «las posturas de gran parte de los grupos de la oposición en el Congreso ante este asunto tan importante se centran en vestir críticas destructivas aportando soluciones demagógicas y crispando aún más a una sociedad cada vez más pero peor informada, y defendiendo su propio axioma de cuanto peor mejor», esgrime.

Así, Víctor Manuel López cree que la ciudadanía poco está pudiendo hacer «ante tan descomunal abuso». «Si toda la ciudadanía dejase de pagar la factura de la luz la presión sería total para las eléctricas, pero si sólo lo hicieran unos pocos acabarían con ellos en un santiamén mediante el corte de suministro», señala.

Sin embargo, apunta, no ocurre lo mismo con las administraciones públicas. «Cuando estas no pagan la factura de la luz las eléctricas han de acudir a los tribunales para que se les obligue a aquellas al pago mediante sentencia judicial, pero no les pueden cortar la luz de los colegios, de la Casa Consistorial, de la iluminación de las calles, etc.», argumenta para dejar de pagar las facturas.

Y lo hará, insiste el alcalde, hasta que se produzca un retroceso de los precios de la electricidad a valores que permitan a la ciudadanía española «un consumo mínimo indispensable con unos costes contenidos». Y con ese dinero priorizará otros pagos «para garantizarlos servicios públicos municipales».

Por último, López insta a todos los responsables de las administraciones públicas a que tomen medidas «urgentes e inmediatas para presionar a estas empresas para detener ya este desenfreno de precios inmoral, especulativo e insolidario con una sociedad que viene sufriendo crisis económicas reiteradas desde el año 2007». De momento, según ha indicado el alcalde a Europa Press, no ha recibido información de ningún otro municipio español que se sume a su iniciativa.