El magistrado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid Alfonso Villagómez Cebrián ha rechazado ratificar la orden de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que incluía varias medidas preventivas ante el coronavirus, como la prohibición de fumar sin distancia de seguridad o el cierre de los locales de ocio nocturno, según informa VozPopuli.

El magistrado argumenta que el texto del gobierno regional con las nuevas restricciones se basa en otra orden del Ministerio de Sanidad que no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Gobierno central, por su parte, cree que esto no es necesario, pues es un acto administrativo dirigido a las distintas autonomías que son quienes han publicar de forma oficial esas instrucciones preventivas.

Tras la polémica, el magistrado ha desestimado la petición de aclaración formulada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sobre el alcance de su auto y le reprocha que “no corresponde a este juzgador, ni a ningún otro órgano jurisdiccional, ‘cogobernar’ con el Consejo de gobierno”.

Licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, fue nombrado en 2004 miembro del gabinete del exministro socialista Juan Fernando López Aguilar y continuó en el puesto hasta 2008 con Mariano Fernández Bermejo, que dimitió tras participar en una cacería junto al juez Baltasar Garzón que instruía el caso Gürtel.

Villagómez Cebrián ingresó en la carrera judicial en 1990 con primeros destinos en Jaca y El Escorial. Ascendió a magistrado en 1996 en Bilbao y trabajó en los juzgados de Sevilla, Guadalajara y en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. También fue asesor del Defensor del Pueblo en 1994 y fue letrado del Tribunal Constitucional entre 1998 y 2001.

Habitual colaborador en distintos periódicos, publicó un artículo en el Faro de Vigo alabando el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. Con ella “no tengo dudas de que veremos a un Ministerio Público todavía más comprometido, si cabe, con la defensa de la legalidad y de los derechos de la ciudadanía”, exponía. Una información de El Correo Gallego asegura que la extitular de Justicia intentó incorporarlo como ‘número tres’ de su equipo en el Ministerio.

En otro reciente artículo, Villagómez Cebrián se felicitaba también por la llegada de Juan Carlos Campo al departamento de Justicia. “Hay que esperar de él una exitosa tarea ahora en el Gobierno de España. Todos aquellos que nos dedicamos a la Administración de justicia debemos felicitarnos y alegrarnos por este nombramiento”, apuntaba.

En 2013, el magistrado figuró en la lista de candidatos a vocales del Consejo General de Poder Judicial y en 2018 optó a integrar el Comité de Ética Judicial del CGPJ. Hijo de un magistrado del Tribunal Supremo ya jubilado, se mostró crítico con la politización del órgano de gobierno de los jueces.

En 2011 fue recusado por el Partido Popular de Galicia en un caso donde debía resolver si un sorteo que decidió la alcaldía de la localidad de Os Blancos era válido o nulo. El PP y APGa empataron a votos tras un problema con una papeleta, pero los populares se llevaron el bastón de mando gracias a un sorteo. Estos últimos hacían referencia en su escrito a una información en la que se aseguraba que el magistrado había recibido una oferta para integrarse en la candidatura del PSOE a la alcaldía de Vigo, con Abel Caballero.

En otro de sus artículos más recientes publicados en la prensa se declara “feminista” y asegura que participó en la manifestación del 8 de marzo en las calles de Madrid. También ha escrito numerosos textos en otros periódicos como Infolibre, eldiario.es, El País o El Mundo, donde se muestra crítico con la ley de seguridad ciudadana, apodada por sus detractores como ‘Ley mordaza’.

Se declara feminista y asegura que participó en la manifestación del 8 de marzo en las calles de Madrid

No en vano, su tesis doctoral versa sobre ‘La potestad de policía y el sistema constitucional de derechos fundamentales y libertades públicas’. En el ámbito académico cuenta con 17 artículos en revistas jurídicas. En 2014 se vio envuelto en un caso de plagio por uno de sus artículos en el diario de Prisa, en el que abordaba la figura del aforamiento.

Respecto a la actual pandemia, el magistrado no se muestra partidario de la vía punitiva desplegada por el Ministerio del Interior. En una reciente entrevista con el periódico La Región señalaba “que en el ámbito de un estado de alarma la represión sancionadora quizá no sea la técnica administrativa más indicada”. “Ante una situación de alarma en la salud pública es más indicado hacer recomendaciones e instruir a los ciudadanos del peligro concreto que se cierne para su salud y de los medios para evitarlo”, añadía.