La Comunidad de Madrid impulsará la elaboración de un protocolo de actuación para evitar intentos de okupación de los inmuebles que son patrimonio de los madrileños. Se trataría de un sistema de alerta y activación temprana que permita actuar tanto a la Dirección General de Patrimonio y Contratación como a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con la mayor celeridad posible, tal y como ha podido conocer LA RAZÓN.

Y es que el patrimonio de la Comunidad de Madrid no está siendo ajeno a la ola de okupaciones que está sufriendo nuestro país en los últimos meses. De hecho, ha puesto en manos de sus abogados dos intentos recientes de usurpación de inmuebles, uno de ello en un edificio de Ciudad Lineal y el otro en el distrito Centro.

En el último de los casos, el de un edificio situado en el Barrio de Las Letras, fue fundamental la colaboración ciudadana para que la desokupación se realizara en poco tiempo. Tras recibir una alerta, agentes de la Policía Nacional se personaron en el inmueble y pidieron la documentación a sus dos okupas, una pareja que reconoció que otra persona les había abierto la puerta a cambio del pago de 400 euros.

Los okupas abandonaron el edificio de forma voluntaria y permanecen a la espera de rendir cuentas ante la Justicia. Como también lo está una tercera persona que, ante la presencia de la Policía, se descolgó hasta la calle desde un balcón de un edificio y pudo ser detenido tras una persecución policial.

Mientras el plan se ponga en marcha, el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso, «no se está dispuesto a pasar por alto aquellas acciones que atenten contra el patrimonio regional, que es propiedad de todos los madrileños», según destacan desde el Ejecutivo regional.

De esta forma, desde el primer instante en que conoce algún acto de este tipo se actúa en una doble dirección: poniendo los hechos en conocimiento de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y, al mismo tiempo, activando la vía judicial para que incluso en los casos en los que se haya logrado la desokupación los autores materiales de los hechos tengan que responder ante la Justicia.

En este sentido, el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, afirma que «desde las instituciones tenemos la obligación ineludible de actuar y de no mirar para otro lado cuando se trata de hacer cumplir la Ley y de obstaculizar todo lo posible las acciones de aquellos que quieren apropiarse de lo que no les pertenece». Por ello, incide en que «vamos a actuar ante las okupaciones de edificios públicos de la misma forma que lo haríamos si la usurpación hubiese sido de nuestros propios hogares o bienes».

La Comunidad también tiene en marcha un plan de lucha contra la ocupación de viviendas como uno de los ejes principales de la legislatura con la puesta en marcha de la Mesa de la Vivienda y la Ocupación, un trabajo conjunto con los ayuntamientos para aprovechar sinergias y protocolos que mejoren la coordinación y la seguridad de los inmuebles, tanto públicos como privados, además de mantener cuatro millones de euros anuales en inversiones destinados a mantener la seguridad de las viviendas en las promociones públicas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid también anunció este viernes la puesta en marcha tras el verano de la Oficina Municipal Antiokupación con el fin de defender los derechos de los vecinos y velar por la seguridad de las familias afectadas por esta problemática y que dará asesoramiento jurídico gratuito a las comunidades de propietarios que no sepan cómo actuar ante una okupación en sus edificios.

El Área de Desarrollo Urbano del Consistorio también cuenta con un plan antiokupación, dotado con 1,5 millones de euros, para demoler y desalojar inmuebles de titularidad municipal que estén okupados.