El Gobierno regional está incrementando las medidas de vigilancia para garantizar el bienestar de estas personas mediante un «riguroso» análisis de la actuación en todos los centros que están bajo su responsabilidad

La Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid ha impuesto siete sanciones a residencias de ancianos gestionadas por empresas privadas desde el pasado 26 de septiembre de 2019, de las cuales cinco corresponden a centros dirigidos por Aralia Servicios Sociosanitarios SA.

Las siete sanciones se deben a incumplimientos graves de los pliegos de condiciones técnicas por circunstancias variadas como errores detectados en el personal de atención directa, insuficiente limpieza y mantenimiento, así como la no comunicación de incidencias, han precisado a Efe fuentes del Departamento que dirige Alberto Reyero.

El Gobierno regional está incrementando las medidas de vigilancia para garantizar el bienestar de las personas que se encuentran en residencias de la Comunidad de Madrid, mediante un «riguroso» análisis de la actuación en todos los centros que están bajo su responsabilidad, así como imponiendo las sanciones correspondientes en los casos de incumplimientos de contratos.

Al llegar al Ejecutivo, el consejero de Políticas Sociales, Familias, Infancia y Natalidad, Alberto Reyero, solicitó información de todos los contratos vigentes de gestión indirecta (18) y concertados (162) con el fin de comprobar el cumplimiento de las condiciones acordadas.

En declaraciones a los medios de comunicación, Reyero ha explicado que el objetivo de esta revisión es imponer sanciones a las entidades que incumplan los pliegos de condiciones, además de mejorar las prescripciones técnicas en el futuro para garantizar una buena atención a los mayores en la región.

Esta revisión permite dar tranquilidad a los familiares, que están preocupados, al igual que el Gobierno regional, ha resaltado el consejero.

«Tenemos que garantizar que el servicio que se presta por parte de la Comunidad de Madrid es el adecuado y vamos a estar muy vigilantes y no nos va a temblar el pulso a la hora de imponer las sanciones que sean necesarias para garantizar ese servicio», ha asegurado Reyero.

Con el objetivo de mejorar el funcionamiento de las residencias, la directora general de Atención al Mayor y a la Dependencia, Begoña Cortés, ya se ha reunido con los comités de empresa de dichas residencias para conocer cuál es la situación y les ha solicitado información de las posibles deficiencias.

Esta información está siendo contrastada desde al propia Dirección General para tomar las medidas que sean necesarias.

Uno de los compromisos de la Consejería de Políticas Sociales es actualizar la normativa de residencias y adecuar las ratios al perfil actual del residente, más dependiente y con una mayor esperanza de vida, avanzando hacia un modelo de atención centrado en la persona y cambiando el modelo de atención a los mayores en su conjunto.

Por ello, el consejero ha reunido en una Mesa de Residencias a patronales y sindicatos del sector para abordar una actualización de la normativa, que tiene más de veinte años y requiere una revisión.