La Comunidad de Madrid presentará hoy un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el Gobierno central por los 377 millones de euros que les debe del IVA correspondiente a diciembre de 2017.

Lo ha anunciado la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, en su cuenta de Twitter, donde además ha subrayado que el Gobierno socialista «no puede seguir dando la espalda a los madrileños». Fuentes del Ejecutivo han explicado que van a recurrir a los tribunales después de que el Gobierno haya señalado que no se puede compensar el desajuste que se produjo ese año en la liquidación del impuesto, debido a la prórroga presupuestaria y a que están en funciones.

Desde la Comunidad de Madrid entienden que se ha vulnerado el principio de «lealtad institucional» recogido en la Ley 22/2009 que rige la financiación de las comunidades autónomas. Este recoge que «en el marco del principio de lealtad institucional, la Administración General establecerá todos los mecanismos que garanticen que las normas estatales que supongan incrementos de gasto o reducciones de los ingresos tributarios de las comunidades autónomas contengan la valoración correspondiente».

El Gobierno autonómico lleva más de un mes reclamando el dinero que el Estado les adeuda, que está repercutiendo en las cuentas autonómicas y en, por ejemplo, el pago a proveedores. Reclaman la cuantía correspondientes a las entregas a cuenta, la del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) y estas relativas al IVA de 2017.

El consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, llegó a solicitárselo por carta el 16 de octubre a la ministra del ramo, María Jesús Montero. Se trata de una misiva que no ha recibido respuesta, según indican fuentes del Gobierno autonómico.

En 2017, el Gobierno implantó un nuevo sistema para modernizar y optimizar la gestión del IVA utilizando para ello medios electrónicos. Como consecuencia de la adaptación al nuevo sistema, los ingresos de las autoliquidaciones del mes de noviembre de ese año se pospusieron al 30 de diciembre, y se contabilizaron por parte del Estado ya en enero de 2018, por lo que 2017 se cerró con tan sólo 11 meses.

Este nuevo sistema ha provocado «una merma» en los ingresos de las comunidades autónomas para 2019, que es cuando se recibe la liquidación del IVA de 2017. La Comunidad de Madrid estima en 377 millones de euros el impacto económico por haber perdido el mes de diciembre en la liquidación del IVA, lo que equivale al 0,15 por ciento del PIB.

El Ejecutivo madrileño recuerda que el Gobierno central había reconocido la necesidad de introducir medidas correctoras y así lo reflejó en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019. El texto recogía que este año se ejecutarían un total de 13 autoliquidaciones para compensar lo ocurrido en 2017.

Sin embargo, en el Consejo de Ministros del pasado 11 de octubre, la ministra Jesús Montero declaró públicamente que no se podía llevar a cabo dicha compensación al no contar con Presupuestos Generales del Estado para 2019.