El fiscal de Medio Ambiente ha abierto diligencias en relación a una eventual retirada del área de bajas emisiones de Madrid Central por parte del Ayuntamiento de Madrid, atendiendo así a una petición de la asociación El Defensor del Paciente.

La Fiscalía General del Estado investiga si hubo o no delito al paralizar la iniciativa y responde así a un escrito de la presidenta de la asociación Carmen Flores, que el pasado 27 de mayo solicitó su intervención “en el caso de la retirada de Madrid Central, con lo que supone para la salud de los ciudadanos que deben soportar la gran contaminación que se produce en esa zona”.

La asociación basó su petición en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga a quienes por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal.

Para el Defensor del Paciente, no mantener la zona de bajas emisiones para evitar la “boina” de contaminación que respiran todos los ciudadanos, “supone un atentado contra la salud pública” sobre todo para quienes sufren enfermedades de corazón o pulmón.

En su respuesta, el fiscal de Sala de Medio ambiente y Urbanismo comunica a El Defensor del Paciente que “será informado de la decisión que se adopte a la vista del resultado de las diligencias que se practiquen”, ha anunciado hoy la asociación.

El nuevo Gobierno municipal decidió el 1 de julio dejar de multar a los conductores no residentes que circulasen por Madrid Central, mediante una moratoria que tenía previsto extender hasta el 30 de septiembre, pero por decisión judicial las multas volvieron a aplicarse el 8 de julio.

Fue una medida rechazada por infinidad de asociaciones y colectivos como el de médicos representados por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública quien ha declarado oponerse a este “despropósito” que mantienen que va en contra de toda evidencia científica, las recomendaciones de organizaciones internacionales de salud y las normativas de la Unión Europea.

Dando un paso más, han acudido al Defensor del Pueblo para que intervenga sobre la Comunidad de Madrid y le instara a aplicar las normativas europeas, a proteger “activamente” el derecho de la población a un aire saludable y a no “obstaculizar” las medidas adoptadas para disminuir la contaminación ambiental.