El Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida (PP), ha paralizado la tramitación del Memorial de La Almudena por no cumplir con las recomendaciones del extinto Comisionado de la Memoria Histórica.

El equipo de Manuela Carmena planteó un monumento que no seguía las premisas de imparcialidad señaladas por el órgano de expertos, presidido por Paca Sauquillo, que se creó con el consenso de los cuatro grupos municipales.

El ex tercer teniente de alcalde de Ahora Madrid y responsable del plan de Derechos Humanos y Memoria Histórica, Mauricio Valiente, pretendía realizar una placa que incluyese los nombres y apellidos esculpidos de las 2.934 personas fusiladas en las tapias del cementerio, entre las que se encontraban también los 335 «chequistas» responsables de matanzas como la de Paracuellos del Jarama. Cuando el Comisionado tuvo constancia de esta pretensión -tras la información publicada por ABC el pasado abril- se reunió de urgencia para poner sobre la mesa una propuesta de consenso.

«Una sociedad democrática tiene obligación de honrar a todas las víctimas, sean del periodo bélico republicano o del periodo franquista»

Antes de dejar el Palacio de Cibeles, el equipo de Carmena reservó 457.000 euros de las arcas municipales, dando por hecho que se realizaría un único homenaje en el antiguo cementerio del Este. El exedil del PP, Pedro Corral, reprochó entonces a Valiente su «desprecio» por el trabajo del Comisionado porque, afirmó, «ha sido un freno en su pretensión de reescribir sin ataduras la verdad de la Guerra Civil en Madrid para imponer su versión maniquea y sectaria».

Los expertos, en contra del criterio de Valiente, consideraron que la opción más equitativa era la instalación de dos placas «de similar relevancia y visibilidad» para recordar a las víctimas de ambos bandos. En uno de los dos monumentos, el ya anunciado por Valiente, se recordaría a los fusilados republicanos al término de la Contienda Civil, entre 1939 a 1944.

El segundo homenaje propuesto se erigiría en memoria de quienes sufrieron violencia en el Madrid de la Guerra Civil (1936-1939) por no pertenecer al bando republicano, independientemente de que algunos de ellos ya fueran reconocidos por la dictadura de Francisco Franco, porque, según destacó Sauquillo, «la memoria no puede ser partidista».

En los dos casos, recomendaron que se instalasen en el cementerio de La Almudena, aunque en distintas ubicaciones, y sin incluir ningún nombre. «Para evitar, en aras de una mayor pacificación social, la producción de nuevos agravios al tratar de evitar otros, una sociedad democrática tiene obligación de honrar a todas las víctimas, sean del periodo bélico republicano o del periodo franquista», recalcó el órgano de expertos en su informe final.

«El memorial que se había planteado no seguía las premisas del Comisionado. No se puede seguir adelante con una imposición del anterior gobierno y se ha abierto un tiempo de reflexión para decidir sobre el memorial», explicaron a ABC desde el área de Seguridad y Emergencias, de quien depende la Funeraria, que encabeza la también portavoz del Gobierno, Inmaculada Sanz. Aunque el Ayuntamiento rechace la instalación planteada por la anterior Corporación, no renuncia a instalar ambos memoriales en el camposanto, pero siempre siguiendo los dictámenes del órgano asesor.

Esta decisión de frenar el polémico proyecto del Memorial de La Almudena va en consonancia con las determinaciones ya acatadas en materia de Memoria Histórica. Por un lado, el Consistorio ya ha dado la orden de cerrar la Oficina de Derechos Humanos y Memoria creada en 2017 por Ahora Madrid.

Este departamento, encabezado por Valiente, «no ha servido para los fines que perseguía», arguyó la portavoz del gobierno municipal tras la junta de Gobierno del pasado 27 de junio.