El año que se abre paso quedará marcado en los tribunales por el juicio al «procés», la vista oral contra los líderes del desafío secesionista ilegal, prevista para finales del mes de enero.

El Tribunal Supremo enjuiciará a los doce acusados por rebelión y malversación, y dictará sentencia en torno al verano. El fallo –que redactará el juez Manuel Marchena– escribirá el desenlace de un juicio histórico en la era democrática de España. Será el relato judicial sobre lo que sucedió en Cataluña.

Doce líderes secesionistas catalanes –antiguos gobernantes, parlamentarios y agitadores del independentismo en las calles– se sentarán en el banquillo acusados de rebelión y malversación. La esencia del juicio será el debate sobre la existencia o no de violencia en el plan independentista ilegal. La Fiscalía considera que los responsables del «procés» atacaron el «corazón del Estado constitucional y democrático español» y que asumieron la violencia como un medio para lograr la secesión. Solicita la pena más alta para Oriol Junqueras, 25 años de cárcel, al otorgarle el rol de dirigente.

Para lograr su objetivo, los dirigentes secesionistas aprobaron las leyes de la ruptura con España, celebraron el referéndum ilegal del 1 de octubre y llegaron a proclamar la independencia en una declaración unilateral. Esta cadena de eventos elevó la tensión política en todo el país y enfrentó a la sociedad catalana contra el Estado.

La Abogacía del Estado –que depende del Ministerio de Justicia– reduce el plan secesionista ilegal a una cuestión de orden público, al solo acusar por el delito de sedición y no por rebelión. Los acusados, como Junqueras, Jordi Turull o Carme Forcadell, niegan los delitos y alegan que el juicio es una causa política contra ellos.

La vista se celebrará en el Supremo a partir de finales de este mes o comienzos de febrero, y se extenderá a lo largo de unos tres meses en sesiones de mañana y tarde, de lunes a jueves.

La sentencia del «procés» allanará el camino de otras causas derivadas del proceso independentista ilegal. Tras dicho fallo, la Audiencia Nacional celebrará el juicio contra el mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, acusado de plegar a la policía autonómica a los designios secesionistas al facilitar el referéndum ilegal. La Fiscalía pide para Trapero once años de prisión por un delito de rebelión.

Los antiguos responsables políticos de los Mossos Cesar Puig y Pere Soler, y la intendente Teresa Laplana, también están acusados en este caso.