La cantante colombiana ha estallado contra las autoridades tributarias españolas y está convencida de que la querella contra ella que ha presentado la fiscalía por seis presuntos delitos contra Hacienda Pública tiene por objeto utilizarla como «chivo expiatorio» para «meter miedo al resto de los contribuyentes».

En un comunicado, asegura que «ya ha pagado hasta el último euro exigido por la Agencia Tributaria y, por tanto, no debe nada al Estado español». Añade la pareja de Piqué que, al contrario de lo que dice la Fiscalía, Shakira «ha colaborado con la agencia y ha presentado toda la información de forma clara y transparente», y que la propia cantante «se ofreció a declarar y se le declinó este derecho fundamental».

La Fiscalía, que ha presentado una querella contra Shakira por seis delitos contra la Hacienda pública, la acusa de defraudar 14,5 millones de euros simulando no residir en España y ocultando su renta a través de un entramado societario con sede en paraísos fiscales de 2012 a 2014. Sin embargo, Shakira asegura que entre 2012 y 2014 «no estuvo más de 183 días en España», pues era «una ciudadana extranjera» y «nunca fue residente fiscal en España hasta 2015», cuando empezó a tributar en este país.

«En la querella de Fiscalía se aplica por primera de forma artificiosa una supuesta presencia para imponer una tributación en España a alguien que no ha residido previamente. Este hecho marca una diferencia fundamental con respecto a otros casos y, por tanto, lo convierte en un claro atropello recaudatorio», señala el comunicado.

Asegura también que «la estructura societaria que se discute se formó en el 2007, años antes de conocer a su pareja» (Gerard Piqué), cuando Shakira no vivía en España «ni tenía intenciones de hacerlo» y además «fue validada por autoridades de la Unión Europea reiteradas veces como también por PriceWaterhouseCoopers (PwC)», sus asesores fiscales.

En la querella contra Shakira, presentada este viernes en los juzgados de Esplugues de Llobregat (Barcelona), el ministerio público pide que se cite a la cantante como investigada y se le imponga una fianza equivalente a la suma de las cuotas defraudadas más un tercio (19,4 millones) o se le embarguen bienes hasta alcanzar esa cantidad.

En el comunicado se asegura que la cantante «no ha recibido la querella formalmente», sino que se ha enterado por la prensa y considera que «lo más grave es que Fiscalía lo ha filtrado repartiéndola a la prensa incluso antes que al Juez, extralimitándose de su función con el fin de lastimar su reputación, tan relevante para una artista de su estatus».

Subraya, por último, que Shakira «ha sido una persona que ha contado toda su vida con una intachable reputación y que nunca ha tenido ningún problema de este tipo puesto que ha buscado siempre la asesoría de los más prestigiosos especialistas».

La querella se dirige tanto contra la cantante como contra su asesor fiscal en Estados Unidos, que fue director de varias de las compañías propiedad de Shakira, y apunta que por el momento «se desconoce cuál pudo ser la participación de miembros del despacho profesional Pricewaterhouse (PwC) en el «mantenimiento o reestructuración» del entramado societario que utilizó.