El aumento de las subvenciones y la rebaja del IVA aplicado a las entradas del cine se han convertido en los caballos de batalla que el mundo del cine acostumbra a poner en la mesa año sí y año también. Un discurso victimista que choca con las importantes ventajas regulatorias con las que cuenta el mundo del cine en España, según Libre Mercado.

Año tras año, eventos como la ceremonia de los Premios Goya se convierten en la excusa perfecta para que nuestros actores, productores y directores se lamenten por la “falta de ayudas” que sufre su sector. El aumento de las subvenciones y la rebaja del IVA aplicado a las entradas del cine se han convertido en los caballos de batalla que el mundo del cine acostumbra a poner en la mesa año sí y año también.

Ese discurso victimista choca con las importantes ventajas regulatorias con las que cuenta el mundo del cine en España. Y es que, a raíz del artículo 5 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, las empresas televisivas de nuestro país están obligadas a dedicar el 5% de su facturación a financiar películas y series.

Según reza el texto de dicha norma, impulsada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, “los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisiva, sean estatales o autonómicos, deberán contribuir a la financiación de la producción de películas cinematográficas, películas para televisión, series o documentales con el 5% de los ingresos devengados en el ejercicio anterior”. Esta cláusula estipula, además, que el 3% de los ingresos deberá ser para películas europeas y obliga a que el 60% de dicho porcentaje sean largometrajes made in Spain.

Si tomamos los datos de facturación de Atresmedia y Mediaset, los dos grupos que se reparten el grueso del mercado televisivo en España, encontramos que esta cláusula introducida por el gobierno de Zapatero garantizó en 2016 más de 36 millones de euros al sector cinematográfico nacional. Si a esto le sumamos las ayudas de 77 millones que reconoce la propia Academia del Cine, encontramos que la suma de subvenciones directas y pagos regulados de los que se beneficia el sector ascienden, por lo menos, a 113 millones de euros.

Pero las ventajas regulatorias no acaban aquí. También la Ley del Cine, promulgada también por la Administración Zapatero, obliga a reservar una “cuota de pantalla” mínima para las películas producidas dentro de nuestras fronteras. Tras la última revisión, la norma señala en su artículo 18 que “las salas de exhibición están obligadas a programar obras cinematográficas de Estados miembros de la UE, de forma tal que, al concluir cada año natural, al menos el 25% de las sesiones que hayan programado sean obras comunitarias”. No hablamos, por tanto, de una ayuda menor: una de cada cuatro proyecciones realizadas

Además, la legislación tributaria vigente en nuestro país incorpora otro tipo de ayudas al sector que rara vez salen a la luz cuando se habla del tratamiento que brindan las Administraciones al mundo del cine. Para empezar, las producciones extranjeras que elijan grabar en España cuentan con una deducción fiscal equivalente al 20% de los costes asumidos durante el rodaje, siempre que el monto llegue, al menos, al millón de euros. En cuanto a las producciones españolas, las inversiones cuentan con una deducción del 25% en el primer millón de euros, si bien un mayor gasto puede generar ahorros fiscales adicionales, hasta llegar a los 3 millones.