El PP de Getafe denunció el pasado jueves ante la Policía Nacional una supuesta trama de espionaje en su contra en el Ayuntamiento de la localidad, gobernado por el PSOE. El escrito, presentado por la edil Mirene Presas de Castro, sostiene que varias cartas certificadas, enviadas a la formación en los últimos meses, se han recibido abiertas y sin que ningún concejal o personal autorizado por el grupo lo firmara. El último caso se produjo 24 horas antes de formalizar esta acusación, cuando llegó correspondencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Getafe con el sobre manipulado y con un sello de registro de entrada de dos días antes.

Esta última carta contenía información relativa a otra querella del PP, interpuesta a finales de junio, contra la alcaldesa del municipio, Sara Hernández. En este caso, acusan a Hernández (también secretaria general del PSOE-M y candidata a la reelección en las próximas primarias) de prevaricación, malversación de fondos públicos, cohecho, tráfico de influencias, fraude y violación de derechos fundamentales por pagar, supuestamente, 60.000 euros como indemnización a un abogado que trabajó en la empresa municipal Gisa durante menos de un mes.

Según el escrito presentado ante la Policía, el PP recibió el pasado día 16 de la asesoría jurídica municipal un sobre certificado del Juzgado de Instrucción número 5 de Getafe, abierto y con la documentación a la vista. El relato de Presas de Castro añade que el contenido, una citación judicial sobre el caso citado, cuenta con un sello de registro de entrada en el Ayuntamiento con fecha del día 14, recibido a las 10.27 horas, y otro de pase a la asesoría, que es quien traslada la correspondencia al grupo municipal.

Desde que la citación judicial llega al Consistorio, pasan 48 horas hasta que es entregada al PP. En esas dos jornadas, y a pesar de que era un correo certificado, la carta se abre, se sella y se transfiere a la asesoría. Desde el PP aseguran que la correspondencia «nunca llegó» a su despacho nada más entrar al Ayuntamiento y que tampoco se firmó el recibo por ningún concejal o personal adscrito. «No sabemos por qué pasa por la asesoría jurídica ni por cuántas manos ni por quién antes de entregárnosla», lamentan desde el grupo popular; y añaden: «Es un abuso contra la oposición y una violación contra la intimidad que podría incurrir en un delito de descubrimiento de secretos». En el supuesto de que la denuncia no prosperara (aún no han recibido notificación), advierten de que elevarán su acusación ante el juez.

El Ayuntamiento, sin embargo, garantiza que no sabe nada de este caso. Su declaración remite tanto a la presunta trama de espionaje como al escrito presentado por el PP. Fuentes municipales explicaron a este periódico que su desconocimiento no es óbice para abrir una investigación. «Si ha pasado algo con su correo no se nos ha hecho saber, pero si existe cualquier irregularidad fuera del funcionamiento habitual por supuesto que se estudiará; ahora desconocemos qué, cómo y el cuándo», argumentan.