La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, lo tiene muy claro, no repercutirá el pago del IBI a los beneficiarios de viviendas de protección pública. Así ha vuelto a recordar su compromiso después de que la Comisión Jurídica Asesora -máximo órgano garante de la legalidad en la Administración autonómica- haya confirmado la petición del Tribunal de Cuentas por la que conminaba a la Comunidad de Madrid a repercutir el impuesto a los adjudicatarios, que así lo dice la ley.

«Estamos estudiando diferentes alternativas», para cumplir eses compromiso ha dicho la presidenta. «No hemos tomado una decisión definitiva. «Estamos tratando de compaginar la legalidad con el compromiso político. Son personas con rentas muy bajas y les supondría unas cantidades, en algunos casos, astronómicas. Valoramos la adopción de una norma en el que se fijen mecanismos que puedan aminorar o compensar – el pago- a esas personas con menos recursos económicos», ha dicho. «Todavía no se ha cerrado», insistió.

Asimismo, lamentó que la oposición, PSOE, Podemos y Ciudadanos votarán en la Asamblea en contra de una Proposición No de Ley del PP en la que se pedía una bonificación del 95% en el pago del IBI y al Gobierno de la nación modificar la Ley de Bases de Régimen local para que no tuviesen que pagar el impuesto. «Lamento que votaran en contra. Pese a todo, nuestro compromiso es que no van a pagar el IBI las personas que están en alquiler vivienda protegidas», precisó. Remató su contestación recordando que Andalucía sí lo está repercutiendo. «Desde 2013 lo está repercutiendo a 43.000 familias con escasos recursos», lamentó para pasar a recordar que el de Madrid «sí es un Gobierno social».