El portavoz de Somos Pozuelo, Pablo Gómez Perpiñá, ha justificado que él y otros dos ediles, Marta María Espinar (C’s) y Elena Moreno (PSOE), solicitaran una vivienda de protección oficial, como publicó ABC. «Tenemos los mismos derechos y obligaciones que cualquiera», han manifestado a través de un comunicado conjunto.

El escrito de los grupos de la oposición insta al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (PP) a «revisar» su participación en el sorteo de la vivienda protegida y, en caso de no cumplir alguno de los requisitos, ser «eliminados». Los tres concejales han recordado que el acceso a estos pisos protegidos está supeditado a un sorteo, cuyas condiciones personales y económicas son establecidas por el equipo de Gobierno pertinente.

La justificación sobre su petición, a pesar de ser concejales del Ayuntamiento, remite a que primero son vecinos de Pozuelo: «Las personas que circunstancialmente desempeñamos tareas de representación somos ante todo vecinos de Pozuelo y, en este sentido, estamos sujetos a los mismos derechos y obligaciones que cualquiera», afirman. No obstante, no hay mención alguna a sus sueldos como representantes y si es compatible con la solicitud. En el caso de Gómez Perpiñá, por ejemplo, es de 49.000 euros anuales.

En último término, Gómez, Espinar y Moreno acusan al PP de «temerario» por no tratar los «verdaderos problemas» de Pozuelo, «escudándose en maniobras mediáticas de estas características», finaliza el comunicado».