Madrid es desde ayer una Zona Libre de Paraísos Fiscales. El Ayuntamiento de la capital ha aceptado la invitación simbólica de la ONG Oxfam Intermón a sumarse a una campaña nacional para que las instituciones públicas incorporen criterios éticos en sus licitaciones penalizando a quienes tratan de evadir impuestos.

Pero en el Gobierno de Manuela Carmena no quieren que esta iniciativa se quede en “una declaración de buenas intenciones”. A partir de ahora se incluirá una cláusula específica en los contratos de servicios y compra de suministros del propio Consistorio y sus organismos para que las empresas que opten a ellos demuestren que “no han realizado operaciones financieras consideradas ilegales” en cuentas bancarias domiciliadas en países con un régimen tributario favorable para los no residentes.

“Se trata de un primer paso dentro de las competencias municipales, que debería ir acompañado de una normativa estatal decidida contra los paraísos fiscales”, ha apuntado el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, Carlos Sánchez Mato. El edil ha recordado que esta medida está “en consonancia” con las políticas impulsadas por Ahora Madrid tras llegar al Palacio de Cibeles, con la eliminación el criterio del precio más bajo para las adjudicaciones y la apuesta por primar aspectos como “la igualdad, la sostenibilidad y la responsabilidad social”.

Antes que la capital, a la campaña de Oxfam Intermón se han sumado 25 ciudades, como Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Alicante y Murcia. En la organización recuerdan que la evasión fiscal de las grandes empresas a través de países opacos “también disminuye la recaudación pública, por lo que es más difícil financiar el gasto de los servicios” que prestan las instituciones a sus vecinos.