La asociación Madridlovale ha presentado este martes una denuncia contra tres concejales de Ahora Madrid y una edil del PSOE por el proceso iniciado para regularizar la situación de 88 familias okupas de pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).

En concreto, la denuncia va dirigida contra la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, el delegado de desarrollo urbano sostenible, José Manuel Calvo, el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y contra la concejal socialista, Mercedes González.

El pasado 13 de septiembre Higueras anunció este proceso de regularización -que salió adelante con el respaldo de Ahora Madrid y el PSOE-, donde demostrar que se es okupa es uno de los principales requisitos que ha aplicado el Ayuntamiento para dejarles quedarse en la vivienda. Eso sí, deberán haber entrado en las casas antes del 1 de enero de 2016 y deberán probar que llevan viviendo en ellas habitualmente, al menos, un año. Además, deberán cumplir con las normas de la comunidad de vecinos y el correcto uso de las instalaciones comunes, así como no pertenecer ni haber pertenecido «a organizaciones que, ilícitamente, se lucran de ventas o traspasos de viviendas públicas».

Para esta asociación este acuerdo se toma «de forma completamente arbitraria y choca frontalmente con la legislación vigente» y subrayan «que da prioridad a aquellas personas que se encuentran ocupando de forma ilegal, por no decir delictiva, una vivienda propiedad de la EMVS frente a otras 9.000 personas que, cumpliendo con todos los requisitos exigidos legalmente, se encuentran en espera de recibir la vivienda que legítimamente les corresponde».

Para esta asociación, «el acuerdo se toma con la finalidad de hacer caso omiso a numerosas resoluciones judiciales condenatorias por delitos de usurpación». Madridlovale recuerda que estas resoluciones se dictaron como consecuencia de las acciones interpuestas por la propia EMVS durante la pasada legislatura. «Por tanto, el propio acuerdo denota una clara intención de desobedecer los eventuales pronunciamientos judiciales que hubieran podido recaer sobre los ocupantes sin título legítimo, máxime si tenemos en cuenta que existen sentencias condenatorias en los 88 casos de ocupaciones ilegales».

«Se puede interpretar que no ha existido por parte del Ahora Madrid y el PSOE una intención de regular situaciones ‘excepcionales’, sino que, más bien, lo que realmente se pretende es establecer un procedimiento flexible, fácil de cumplir, tendente a facilitar la regularización de situaciones delictivas sin existir marco legal alguno para poder llevarse a cabo».