El Partido Popular debatió internamente su posición política respecto a la gestación subrogada –los «vientres de alquiler»– en su programa electoral para las generales de diciembre. Y se manifestó a favor públicamente su vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, en un programa de televisión. Hasta entonces, este asunto polémico, por entroncarse en las políticas de Familia, y poliédrico, por sus muchas vertientes jurídicas, no había sido abordado formalmente por el PP. Desde diciembre, la postura oficial estáa favor de la regulación de esta forma de reproducción por la que una pareja pide ayuda a otra mujer gestante para dar a luz a su hijo.

La dirección del grupo del PP en la Asamblea consultó a Génova sobre qué postura debían mantener después de que Ciudadanos presentara una moción no vinculante para instar al Gobierno de España a que apruebe una legislación sobre los «vientes de alquiler». Critina Cifuentes, con el respaldo del vicesecretario sectorial, Javier Maroto, ordenó votar a favor, con la premisa de que esta práctica no tenga «carácter comercial».

Sin embargo, las costuras del grupo saltaron y tres diputados desafiaron la disciplina. Muchos otros votaron incómodos. El exconsejero Luis Peral lo hizo en contra. La exconsejera Regina Plañiol y el alcalde de Alcorcón, David Pérez, se ausentaron de la votación. Pérez defendió ayer su derecho a ejercer la «objeción de conciencia» en un tema sensible, que desborda la doctrina tradicional del partido. «Estoy muy orgulloso de mis actos», concluyó.

Cifuentes, que no dio libertad de voto en conciencia en este asunto, aunque lo ha defendido para otras cuestiones como el aborto, negó ayer que hubiera una rebelión interna. «El partido no es una secta», insistió. En todo caso, calificó de «sorprendente» que esos tres compañeros del PP coincidieran en sus planteamientos con el grupo Podemos. También con el PSOE, partido en el que también hubo tensiones internas sobre qué posición adoptar. Al final, optaron por que este tema se aborde en las Cortes, con un grupo de trabajo y no «a la carrera», como a su juicio pretendieron C’s y PP.

La presidenta regional y líder del PP de Madrid confirmó que los tres diputados serán multados con 600 euros por el partido por romper la disciplina, aunque no se les abrirá expediente. «No habrá represalias», dijo.