El Ayuntamiento de Madrid no quiere «antidisturbios» en su estructura policial. Este era el mensaje de los de Manuela Carmena desde que entraron en el Gobierno local, en junio pasado, y ya comienza a ser una realidad.

Como adelantó ABC el pasado verano, el Área de Seguridad suprime las Unidades Centrales de Seguridad (UCS), que desde hace meses ya no participaban en desahucios ni en grandes manifestaciones.

Hoy, el 40% de los agentes que conforman el primer grupo de las UCS pasan a engrosar las plantillas de los distritos. En cuanto a la UCS-2, el resto de los «antidisturbios», desaparecerá en aproximadamente dos meses, cuando se cree una nueva «unidad de apoyo»; algo que, según fuentes del Cuerpo, no será más que «un lavado de cara» para retirar las competencias de contención de masas a los policías municipales.

A la marca municipal de Podemos, acostumbrada a «okupar» edificios, asaltar capillas sin ropa y enfrentarse a los Cuerpos de Seguridad en protestas ilegales, no le gustan los «antidisturbios». Una de las primeras medidas que tomó la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, fue anunciar su desaparición en la Guardia Urbana. Ahora Madrid los considera «represores» y el nuevo Plan Director que elaboran el concejal del ramo y «exokupa», Javier Barbero, y el director general de los municipales, Andrés Serrano (conocido como el oficial «anti-UCS», afiliado a Podemos), busca «una Policía más cercana».

Concretamente, la UCS-1 desaparece el lunes y los agentes que no están en comisión de servicio, los auxiliares administrativos y los de policía allí destinados pasarán a la UCS-2 (37 plazas) y el resto, a distintas Unidades de Distrito. A los dos meses perderán sus pluses económicos. En dos meses desaparecerá la UCS-2 y se creará la mencionada «unidad de apoyo»; además, el oficial Serrano, anterior jefe de la Unidad de Medio Ambiente, ha convocado 25 plazas para patrullar en bici. El Ayuntamiento lo ha vendido hoy como un incremento de las plantillas de los distritos en cien efectivos.

La Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) considera que «se puede producir falta de operatividad y detraer seguridad a los ciudadanos y agentes con estos cambios, por lo que deben realizarse de una manera ordenada y efectiva».