La Comunidad de Madrid creará una nueva Escuela Taurina, con sede en Las Ventas, para que todos los alumnos que quieren ser toreros puedan tener una formación teórica y práctica.

Según ha podido saber ABC, esta propuesta del Centro de Asuntos Taurinos de la CAM ha sido aprobada este martes en una reunión presidida por Ángel Garrido. Está previsto que en próximas fechas sea elevada al Consejo de Gobierno de Cristina Cifuentes.

Los consejeros del Centro entienden que «dada la actual situación de indefinición en la que se encuentra la Escuela de Tauromaquia Marcial Lalanda tras la decisión del Ayuntamiento de la capital de abandonar su gestión, es obligación del Centro de Asuntos Taurinos cubrir esa función mediante la creación de una nueva escuela de tauromaquia».

Esta escuela, cuyo mantenimiento sería sufragado por el propio Centro de Asuntos Taurinos, tendría su sede en la plaza de toros de Las Ventas, donde podría disponer de las instalaciones necesarias para llevar a cabo su labor docente.

El Centro de Asuntos Taurinos considera justificada su iniciativa de promover esta nueva escuela atendiendo a sus objetivos, entre los que se encuentra el «fomento de la Fiesta de los toros, con especial atención a las nuevas generaciones de toreros, incentivando su participación en las cuatro escuelas que hay en la Comunidad de Madrid».

Recordemos que el Gobierno de Podemos ya anunció que retiraba la subvención de 61.200 euros a esta histórica academia de tauromaquia, empujándoles a la asfixia económica.

Por otra parte, la empresa municipal Madrid Destino retiene el Premio Nacional de Cultura, dotado con 30.000 euros, concedido en octubre a la Escuela Marcial Lalanda. El dinero fue abonado por el Ministerio a finales de año a Madrid Destino, entidad que integra la escuela taurina y otras instituciones culturales y de turismo, pero la dotación no ha sido transferida al centro, pese a que su carácter es «nominal».

Además, el Ayuntamiento lleva tres meses sin pagar a los profesores de la escuela, a los que pretenden modificar sus contratos. Les exige que renuncien a dar clases prácticas, limitándose a la enseñanza teórica. La cantidad adeudada por el gobierno a los maestros supera los 15.000 euros.