El Consorcio de Transportes ha calculado que le va a costar al menos 1,86 millones de euros diarios que sea gratis su servicio de Renfe, EMT, autobuses interurbanos y metro los días que se impida la circulación en vehículos privados por un exceso de contaminación en Madrid. Y otros dos millones si los usuarios del abono trasporte reclaman la devolución de la jornada gratuita. El protocolo lo aprobó la alcaldesa Ana Botella y su sucesora, Manuela Carmena, lo ha endurecido.

El informe estimativo de la Comunidad, al que ha tenido acceso en exclusiva EL PAÍS, calcula que cada día de transporte gratuito se dejará de recaudar 1,4 millones en billetes de EMT, autobuses interurbanos y metro. A los que hay que sumar 0,417 millones de los tickets no abonados en Renfe. Y otros 0,049 millones gastados en pagar horas extra a los trabajadores o el contrato eventual de otros conductores en la EMT y autobuses interurbanos. Si los usuarios del abono transporte exigen que se les devuelva el dinero de ese día, el monto podría elevarse a los cuatro millones al día.

El protocolo de Carmena mantiene los dos niveles de preaviso, aviso y alerta de Botella (PP), pero rebaja el listón para activar el sistema. Se dispara el preaviso si dos estaciones detectan durante dos horas 180 microgramos de dióxido de nitrógeno por metro cúbico. Y, si son 200 microgramos, salta el aviso.

Carmena prevé medidas de una dureza inédita y difiere del de Botella en que apuesta porque el transporte público sea gratuito. De haber estado en vigor antes esta regla, en el último lustro habría desterrado la mitad de coches de las calles en hasta seis ocasiones cada año varios días consecutivos. Es decir, hubiese tenido un coste para el Consorcio de hasta 24 millones.

Aunque supuestamente el protocolo de Botella entró en vigor el 1 de marzo de este año, de facto no se ha aplicado. El documento de Carmena se aprobará en el pleno de noviembre. Juan García Vicente, de Ecologistas en Acción, explica que hace tres viernes se hubiese activado el preaviso (bajó el dióxido de nitrógeno al día siguiente con el descanso del fin de semana) y también, por ejemplo, el 8 de enero de 2015. “Los mayores niveles se dan a partir de las nueve de la noche, cuando baja el aire”.

Una de las fases del protocolo permite, si hay mucha contaminación, circular por la almendra central a la mitad de vehículos (según si es matrícula par o impar) y taxis vacíos. En caso de alerta —un extremo al que no se ha llegado en la ciudad— la prohibición se amplía a la M-30.

El informe no contempla un “aumento del servicio” en metro y Cercanías, por lo que no tendría un coste salarial para el consorcio. El 21 de octubre, a 48 horas de una huelga de metro, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, anunció la contratación de 360 nuevos maquinistas, la mitad de ellos a tiempo parcial. Y su intención es mejorar la frecuencia del servicio —ralentizada en 2011 con el trasfondo de la crisis económica— un 14%.

Mantener el transporte público cuesta unos 2.000 millones al año. La mitad son subvenciones y el resto las tarifas. La demanda se está recuperando, pero Metro arrastra una deuda de 523 millones y la EMT va a tener que ser rescatada por el Ayuntamiento por segundo año consecutivo.