La asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio (MCyP) ha denunciado el pacto “de espaldas a la ciudadanía” entre el Ayuntamiento y el Grupo Villar Mir para que continúen las obras de la polémica operación Canalejas, “asumiendo que recogía el ‘trabajo colectivo’ realizado por la anterior administración de Ana Botella”.

Partiendo de esta premisa, a juicio del colectivo en defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural madrileño ha criticado que el concejal delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, haya negado la necesidad de realizar “una de las auditorías previstas en el programa electoral de su formación para ‘las operaciones urbanísticas especulativas’, por considerar la operación Canalejas es ‘de nivel medio, no un gran proyecto urbanístico'”.

En cambio, Madrid, Ciudadanía y Patrimonio ha destacado que dicha operación urbanística ha supuesto la destrucción de siete inmuebles contiguos en pleno centro de Madrid. Asimismo, ha reprochado al concejal miembro de Podemos “que obvió la falta de participación ciudadana aduciendo que ‘los vecinos verán que es la solución más adecuada’ cuando sea presentada, con una concepción que recuerda tiempos pretéritos y que resulta antagónica a la defendida en el programa de Ahora Madrid, donde se asumía la necesidad de elaborar ‘protocolos de transparencia en la tramitación urbanística, contando siempre con participación ciudadana y evitando las actuaciones especulativas'”.

Para la asociación, sorprende, además, que esta presentación se produjese apenas unas horas después de saberse que el Juzgado de primera Instancia número 54 había decretado la paralización cautelar de las obras, “sin que se garantizase la suspensión de licencias hasta aclarar el fondo del asunto y que no se va a echar tierra sobre las infracciones graves que se hayan podido cometer”.

“En estas circunstancias, la firma y escenificación del pacto supone un lavado de cara para un proyecto que sigue siendo muy dañino para los intereses generales y que ha sido denostado ampliamente por la sociedad civil madrileña. Salir de la mano del promotor bendiciendo el proyecto en términos generales (no sólo en los aspectos parciales mejorados) y de la mano de la Comunidad de Madrid del PP (cómplice necesaria en todo el proceso de la operación desde el principio) es un grave error. Las mejoras introducidas (supresión del subterráneo proyectado y retranqueo del recrecido) son reales pero limitadas, y no hacen bueno el proyecto en su conjunto ni subsanan los posibles delitos cometidos”, han argumentado.

A la vista de esta intervención, tanto la Plataforma por el Derecho a la Ciudad, como Madrid, Ciudadanía y Patrimonio ha mostrado “su más rotunda oposición a un acuerdo que no responde ni en su letra ni en su espíritu a los compromisos recogidos en el Pacto contra la Especulación, firmado por Ahora Madrid, que prevé que las decisiones urbanísticas se tomen de manera participada y conjunta con la sociedad civil y los movimientos sociales”.

Las asociaciones han recordado que en el programa de la candidatura de unidad popular aparece la necesidad de “poner en marcha medidas urgentes que frenen los procesos especulativos y los pelotazos urbanísticos en marcha”.

“Y es que la destrucción realizada en la ‘Operación Canalejas’ no puede calificarse sino de ‘pelotazo especulativo’, pues en aras de una mayor rentabilidad se han conculcado todas las normativas vigentes, de modo que se puede afirmar que no sólo se han demolido los edificios, sino que con ellos se ha demolido el sistema legislativo de protección, al revocar sin motivo –y volver a declarar sólo parcialmente– dos Bienes de Interés Cultural (B.I.C., equivalente a los antiguos Monumentos Nacionales), al rebajar sin justificación la protección a varios inmuebles catalogados en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM), y al modificar la normativa de este mismo Plan para dar vía libre a su agregación”, han esgrimido.

Además, MCyP ha criticado que las obras ejecutadas en los últimos meses “superan las más negras expectativas, pues el vaciado no se ha limitado a las edificaciones cuya protección se había reducido, sino que se han demolido por completo también las consideradas como B.I.C., incumpliendo simultáneamente las prescripciones impuestas por sus propias declaraciones, el Catálogo del PGOUM –que obligadamente las protegía con valor Singular–, así como las legislaciones estatal y autonómica de protección del Patrimonio”.

“Ésta es, sin duda, la peor agresión que ha sufrido el patrimonio madrileño desde el tardofranquismo, y la más grave desde que existen las leyes de patrimonio y los catálogos de protección. Y resulta inquietante que el actual Consistorio, en vez de depurar responsabilidades y exigir la reposición de la legalidad, se reúna con los causantes a espaldas de esa ciudadanía que dicen representar para otorgar su bendición a los destrozos realizados, y aprobar un proyecto que no contempla para nada la reconstrucción fidedigna de los inmuebles destruidos -como exige la Ley-, obviando la necesidad de imponer las sanciones previstas por la misma sin esperar siquiera a las investigaciones que realiza la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo por detectar ‘indicios de la comisión de un delito de daños contra el patrimonio histórico’, ni la resolución del expediente abierto por la Comunidad de Madrid ante las irregularidades observadas”, aseguran.

A pesar de todo ello, las asociaciones en defensa del patrimonio madrileño confían en que el equipo municipal “sabrá entender la importancia de hacer valer las leyes, incluso cuando las infrinjan los grandes promotores”, y esperan que la situación “se reconduzca en cumplimiento del programa electoral de Ahora Madrid y en defensa de los intereses públicos”.