El Ayuntamiento de Madrid ha reforzado el control sobre las empresas encargadas de combatir la suciedad en las calles de la capital. Una de las medidas adoptadas ha sido la aprobación de un sistema de seguimiento por GPS «para comprobar que no se dejan ninguna zona sin hacer», según ha explicado esta semana el director general de Servicios de Limpieza y Residuos, Víctor Sarabia.

Esta fórmula se ha ensayado durante las campañas puntuales de refuerzo que se han puesto en marcha en los puntos de la ciudad que acumulaban más quejas vecinales por la presencia de desperdicios y malos olores. En concreto, según precisan en el Área de Medio Ambiente y Movilidad, la supervisión a distancia se ha empleado con los vehículos de baldeo y a la vista de los resultados se ha optado por seguir aplicándola.

La estadística a priori ya refleja la intensificación de este control, aunque también podría hacerse la lectura de que las calles están más sucias desde que Ahora Madrid sucedió al PP al frente del Palacio de Cibeles en junio. En lo que va de año las adjudicatarias del servicio de limpieza han sido multadas con descuentos de 5,5 millones de euros, de los que 2,5 millones (el 45% del total) se han aplicado durante los tres últimos meses.

En 2013 el Ayuntamiento de la capital sacó a concurso el mantenimiento de las calles dividido en seis lotes, que se adjudicaron cuatro empresas (FCC, OHL, Sacyr y Urbaser). Ellas son las que realizan el trabajo de saneamiento y los inspectores municipales -unos 80 dedicados exclusivamente a esta tarea- los que supervisan que éste se ha hecho en unas condiciones adecuadas con arreglo a un documento con 68 indicadores.

Este sistema de evaluación ha estado cuestionado desde su implantación porque recurre a variables tan ‘sui generis’ como determinar si un desperdicio que hay tirado sobre la acera tiene el tamaño de una moneda, de una caja de tabaco o de un folio para calibrar la magnitud de la penalización. Cruzados todos esos datos que se recogen a pie de calle en un programa informático que se diseñó para tal fin se determina mensualmente qué cantidad, hasta un máximo del 20%, se les detrae a las concesionarias de los 194 millones anuales que por contrato deberían embolsarse al año durante una década.