(01-07-15) El PSOE le ha dado ya forma a la Oficina Antifraude que Ahora Madrid se comprometió a crear para lograr el apoyo de sus nueve concejales en la investidura de Manuela Carmena. El nuevo organismo para impulsar la transparencia en el Ayuntamiento de la capital «garantizará la protección adecuada de los denunciantes, que serán identificados con un código o número», y su entrada en vigor «no debe demorarse más allá del primer trimestre del año que viene».

Ésta es al menos la idea que tiene el grupo municipal de Antonio Miguel Carmona tras incorporar algunas sugerencias de la Asociación Contra la Corrupción y la Regeneración Social (Accors). Sin embargo, en el diseño de este departamento no ha hablado con el partido de Gobierno, que es quien se presupone que votará seguro a favor de su constitución.

«No se trata de una imposición a Carmena, sino de implicar a toda la Corporación local», argumenta un portavoz del PSOE. «De hecho, el convenio propone que la oficina sea aprobada por unanimidad en el Pleno Municipal y en el caso de que eso no sea posible se detallarán las posturas de los grupos que hayan impedido adoptar la medida por consenso», asegura.

Ahora Madrid accedió a incorporar a su compromiso electoral de crear un “Observatorio Ciudadano de la Corrupción” la coletilla de “y Oficina Antifraude”, una de las imposiciones de los socialistas para impedir un nuevo gobierno del PP. Con independencia del nombre, la filosofía de ambos organismos es investigar presuntos casos de uso ilegal de fondos públicos.

Según el proyecto de Carmona, la nueva entidad tiene que estar contemplada en los presupuestos de 2016 para que empiece a funcionar antes del próximo mes de abril. La presidencia tiene que ser elegida «por una mayoría reforzada del 75% de su comité directivo», que a su vez estará conformado «al menos en un 25% por representantes de la sociedad civil con una reconocida trayectoria de lucha contra la corrupción».

«Ésta es una de las propuestas que ha hecho Accors y que nos ha parecido interesante incorporar», explican en el Grupo Municipal Socialista. Los miembros que integren este departamento, siempre según su planteamiento, estarán obligados a dar cuenta de sus bienes, firmar un código ético y no contar ni con antecedentes penales ni imputaciones.

Además de la protección de los denunciantes, el equipo de Carmona quiere que la Oficina Antifraude se encargue inicialmente de la investigación de los hechos y, «de confirmarse los indicios de corrupción», tendrá que asumir el papel de denunciante en la vía administrativa o judicial. Además, se compromete a instar a su partido a nivel nacional a que promueva un cambio del artículo 173.1 del Código Penal «para que se tipifiquen como delito las conductas del acoso, hostilidad o humillación» contra las personas que alertan sobre la existencia de presuntas irregularidades.