(09-04-15) Siete asociaciones de juristas del turno de Justicia Gratuita y el propio Colegio de Abogados han convocado a los abogados del Turno a encerrarse hoy, a las 19.00 horas, en la sede de la propia institución, en el número 9 de la calle Serrano.

Y es que tienen razones para ello. La Comunidad de Madrid les paga no a 60 días como dice la ley, sino a 146. El presupuesto para este año para el servicio es de 28,8 millones de euros, mientras que en 2014 costó 31,3 millones: es decir, no va a llegar para pagarles a todos. En definitiva: asisten a lo más bajo, en poder adquisitivo, de la sociedad, y así mismo se sienten tratados por el Gobierno regional, que tiene la competencia de pagarles y lo hace, según ellos, tarde, mal y nunca.

Los 5.166 abogados del Turno de Oficio madrileño ganarían algo más del doble de lo que obtienen defendiendo a ciudadanos fregando escaleras: dos míseros euros por hora de trabajo.

La propia decana del Colegio, Sonia Gumpert, se ha implicado seriamente en la protesta por el «abandono» a que tiene sometido al servicio la Comunidad de Madrid, con lo que eso podría implicar de degradación de la asistencia para los ciudadanos que recurren a él.

Gumpert, elegida tras prometer a los letrados del Turno mayor protección que la ofrecida por su antecesor, Antonio Hernández-Gil, ha llegado a enviar una carta a todos y cada uno de los abogados para animarles a participar en el encierro.

La decana sostuvo en la Asamblea de Madrid recientemente que la Administración regional no tiene «voluntad política para buscar una solución y garantizar la existencia de la Justicia Gratuita», avisando de que «no se puede cumplir el mandato constitucional de justicia social atendiendo a exclusivos criterios de ahorro económico e ignorando el coste real de la Justicia Gratuita para la sociedad madrileña».

La desatención del Turno de Oficio por parte de la Comunidad viene arrastrándose desde hace más de 10 años. Desde 2003, de hecho, la retribución económica que obtiene cada letrado no ha sido actualizada, y no sólo eso: se les recortó un 20% en 2012, por lo que el Colegio de Abogados sostiene que las cantidades están desfasadas en un 44%.